La Cámara Federal porteña confirmó que la causa por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández, iniciada por la ex primera dama Fabiola Yañez, deberá seguir radicada en los tribunales federales de Retiro.

La resolución a la que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas fue firmada por el camarista Eduardo Farah de la sala II de ese Tribunal de Apelaciones.

Con esta decisión la investigación seguirá a cargo del juez federal Julián Ercolini y del fiscal Ramiro González y no pasará a los tribunales de San Isidro, como pretendía la defensa del ex presidente.

El camarista le dio la razón a Ercolini y consideró «prematuro» el cambio de jurisdicción, al menos hasta que concluyan medidas de prueba en curso que permitan determinar además si el caso es jurisdicción del fuero federal o del ordinario.

«El juez de primera instancia decidió bien al rechazar por prematura esa definición, difiriendo el análisis al resultado de las medidas investigativas en curso», argumentó Farah al ratificar lo decidido por Ercolini.

Además, el camarista sostuvo que una vez concluidas las medidas de prueba, el juez de primera instancia tendrá que decidir si la denuncia de Yañez tiene que investigarse en el fuero federal o
derivarse al penal ordinario.

Farah sostuvo que antes de resolver dónde y en qué fuero seguirá el trámite judicial deben determinarse «precisiones sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar de cada uno de los hechos (instigación a un aborto, lesiones reiteradas y amenazas coactivas en perjuicio de Fabiola Yañez y alguna acción u omisión de funcionarios públicos) que es necesario averiguar».

«Ellas permitirán establecer la dependencia o independencia (tanto fáctica como jurídica) de unos hechos con otros y, a partir de allí, si corresponde proseguir con una investigación unificada o no, y según el caso, en qué jurisdicción territorial», agregó.

En ese aspecto, aludió a “una cuestión sobre la cual las partes hasta ahora nada han dicho, pero cuyo tratamiento no puede ser omitido por el Juez una vez que se completen esas medidas”.

«Me refiero a las razones que sustentarían en el caso la competencia federal por razón de la materia, pues ésta es restrictiva y de excepción, para los supuestos que expresamente
prevén los arts. 116 de la Constitución Nacional y 33 del Código Procesal Penal de la Nación», sostuvo el magistrado sobre si la denuncia es o no jurisdicción del fuero federal.

En caso de serlo, advirtió: «Debe poder explicarse -en tal caso- la naturaleza federal de los hechos de la causa y mediante las diligencias que correspondan» esclarecer «los aspectos
fácticos y normativos que sean necesarios para determinar correctamente la competencia, tanto en su aspecto material como territorial o por conexión entre todos los sucesos denunciados».

Después de la oficialización por parte del gobierno nacional de las modificaciones en la normativa que regula el alcance de los aranceles que cobra la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (Sadaic), desde el sector salieron con algunas críticas y aclaraciones.

Según consideraron desde el ente que agrupa a los autores y compositores, el decreto en cuestión tiene una redacción “absolutamente imprecisa” y, por eso, su interpretación es que los salones de fiestas tienen que seguir pagando por pasar música en los eventos.

“En primer lugar, cabe señalar que el decreto es absolutamente impreciso en su redacción y no define qué es ámbito privado. Por tal circunstancia, como su aplicación conlleva una afectación de derechos, su interpretación debe ser hecha en forma restrictiva. En este sentido, bajo ningún aspecto puede considerarse el término ocupación como comprensivo de la concurrencia a un salón de fiestas con motivo de una fiesta social”, señalaron en un escrito.

En ese sentido, remarcaron que la norma mencionada establece en su segundo párrafo que los titulares de derechos tienen el derecho de percibir una remuneración equitativa de cualquier persona que en forma ocasional o permanente obtenga un beneficio económico directo o indirecto con la utilización pública de una obra.

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“Los salones de fiesta están totalmente encuadrados en el precepto mencionado. En efecto, su actividad es básicamente lucrativa -tanto sea el alquiler del salón en sí mismo como habilitar el uso de música- de modo tal que es incuestionable que obtienen un beneficio económico directo o indirecto con la utilización pública de una obra y, por ende, deben pagar una remuneración equitativa a los titulares de derechos”, insistieron.

Además, explicaron que, “el hecho que los titulares de los salones de fiesta trasladen la obligación de pago a quien contrate el salón, no los exime de su responsabilidad primaria por el pago de los derechos. Consecuencia de lo expuesto, muy por el contrario de lo que se ha afirmado en diversas publicaciones, los salones de fiesta deben pagar los derechos que correspondan por el uso de música en las fiestas sociales”.

Por último desde Sadaic aclararon que, a partir de las declaraciones de funcionarios, surge que la intención del decreto es eximir a los hoteles del pago de derechos por el uso de aparatos de televisión en los cuartos, algo que es discutible a la luz del estado de la jurisprudencia argentina, y nunca se tuvo en cuenta a los salones de fiesta”..

“El decreto tampoco no aplica a restaurantes, estaciones de servicio, bares, gimnasios, entre otras actividades, ya que ni siquiera pueden ser considerados ámbito privado ya que son un espacio de acceso público, libre y dirigido a una pluralidad de personas”, concluyeron desde la Sociedad de Autores y Compositores.

El Gobierno del presidente Javier Milei publicó en el Boletín Oficial el veto a la ley de reforma jubilatoria que se había aprobado en el Congreso e implicaba una suba en los haberes.

El mandatario ya había firmado el veto el viernes último, pero recién se publicó este lunes a través del decreto 782/2024.

De esta forma, el Poder Ejecutivo dejó sin efecto la ley de movilidad jubilatoria votada por mayoría en ambas Cámaras del Congreso.

Milei firmó el decreto luego de haberse reunido el viernes en la Casa Rosada con los bloques de diputados dialoguistas, quienes le dieron su respaldo para el veto.

Del encuentro con legisladores del PRO, el MID y La Libertad Avanza (LLA) participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por pedido del propio mandatario.

Durante la reunión, el Presidente se entrevistó primero con los jefes de bloque Ritondo, Oscar Zago (MID) y Gabriel Bornoroni (LLA), para después pasar a una cita «ampliada» con el resto de los legisladores que integran esas bancas.

Fuentes oficiales indicaron a esta agencia que Milei detalló ante los legisladores los motivos del veto y buscó garantizarse los dos tercios necesarios para evitar que la oposición parlamentaria pueda restablecer la ley.

De esta manera, el mandatario logró sumar los respaldos necesarios de la oposición dialoguista para contrarrestar las intenciones de algunos bloques parlamentarios de mantener firme la actualización jubilatoria después del anuncio de la impugnación.