Un entramado narcopolicial parecería haber sido detectado por la Justicia de Santa Fe luego de que el fiscal Franco Carbone ordenara la detención de una suboficial de la Brigada Motorizada de la Policía de Santa Fe. La aprehensión se desprende de una investigación por narcomenudeo que permitió descubrir que la mujer era pareja de Brian Joel “Gordo Cebo” Flores, un recluso de la cárcel de Piñero que sería parte de la banda narco de Los Monos.

El vínculo amoroso entre la agente y el recluso fue descubierto por la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y el área de Asuntos Internos de la fuerza de seguridad provincial después de que se detectara que la detenida, identificada como Yamila M., era una de las personas que visitaban de manera frecuente a Flores.

Por este motivo, el investigador solicitó que la vivienda de la suboficial fuera allanada durante la jornada del lunes y, si bien en el lugar no se hallaron drogas o elementos sospechosos, se evalúa la posibilidad de que la sospechosa fuera imputada por el delito de incumplimiento de deberes durante una audiencia que se realizará el próximo viernes.

Las autoridades sospecharon sobre una presunta vinculación de la efectiva en el negocio del narcomenudeo, debido a que vivía en un domicilio que antiguamente fue investigado por causas abiertas en contra de Los Monos. Incluso, no descartaron la posibilidad de que la mujer hubiera ingresado a la fuerza de seguridad como una supuesta infiltrada con el objetivo de favorecer los negocios ilícitos.

El domicilio en el que vivía la agente está registrado como propiedad de una integrante de un clan narco (Captura de Google)

La propiedad se trataría de una casa en alquiler ubicada en Biedma al 2825, del barrio Alvear, la cual está a nombre de Brenda Jacqueline “La Morocha” Barboza, miembro de un clan colaborador del líder narco Ariel “Viejo” Cantero. Además de ser señalada como parte del hampa, Barboza fue señalada por ser la pareja de Nelson “Pandu” Aguirre, un transero que se desempeñaba en la zona oeste y sudoeste de Rosario y que actualmente está detenido en el penal de Coronda.

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Por otro lado, la madre de Brenda, Viviana Camejo, fue condenada en agosto del año pasado a cumplir 5 años y 6 meses en prisión por ser integrante de una asociación ilícita dirigida por Cantero y la pareja de éste, Bibiana Montero. Durante la celebración del juicio, la Fiscalía estableció que la acusada estaba encargada de “la custodia del búnker que tiene conjuntamente con su hija en calle Biedma 2825″.

En paralelo, Camejo estaba a cargo de la venta de drogas y del narcomenudeo, por lo que el resto de los vendedores le entregaban las recaudaciones a ella. De esta manera, la mujer contabilizaba las ganancias y se las reportaba a Aguirre, aunque también solía ir en busca de dinero en efectivo y estupefacientes. Incluso, señalaron que poseía armas de fuego que ocultaba en el inmueble.

La pareja de la suboficial está detenido en la cárcel de Piñero (Télam)

Dentro del historial criminal que rodea a la vivienda con fachada de kiosco, el 9 de mayo de 2022 se registró el crimen de Ismael Barboza, el hermano de Brenda que fue asesinado a balazos en la sección de la propiedad que funcionaba como negocio.

Según señalaron los investigadores, el joven de 19 años contaba con cuatro heridas de arma de fuego que se repartieron entre la zona del tórax y el brazo izquierdo. Además, en la escena del crimen fueron halladas tres vainas servidas calibre 9 milímetros que fueron incautadas por el gabinete criminalístico de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Acerca del motivo detrás del crimen, las autoridades crearon dos líneas de investigación posibles. La primera de ellas apuntaría contra una banda rival con la que disputarían el territorio, aunque no se descartó la posibilidad de que los mismos miembros de su clan lo hubieran liquidado por ventilar evidencias de una causa en contra del fundador de Los Monos por balaceras, extorsiones, cobro de protección, narcomenudeo e, incluso, riñas de gallos y manejos ilícitos de las cajas de planes alimentarios.

El gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, llevó adelante este jueves a la mañana el derrumbe de un puesto de venta de drogas en barrio Stella Maris de Rosario. Fue en el marco del programa Intervención Barrial Focalizada (IBF), que desde su implementación ha permitido realizar este tipo de acciones en distintos puntos de la ciudad.

La actividad fue en un domicilio ubicado en Querandíes 1251 bis, y estuvo encabezada por el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, acompañado del fiscal Regional Matías Merlo y el fiscal Franco Carbone, ambos pertenecientes al Ministerio Público de la Acusación (MPA), y el secretario de Control Municipal de Rosario, Diego Herrera.

“Intervenir de inmediato”

El ministro explicó que “este lugar funcionaba como punto de venta, a veces con habitantes golondrinas que venían como anoche, y hace un rato, a instalarse para impedir la medida procesal. No era una vivienda permanente de familia; era un punto de venta de estupefacientes alrededor de los cuales en los últimos tiempos hubo tres homicidios ligados a este lugar”.

“Hubo 50 llamadas al 911 denunciando ventas de estupefacientes -enumeró el ministro-. Además, en los allanamientos que se llevaron a cabo por orden de la Fiscalía de la Provincia de Santa Fe se encontraron elementos de comercialización de droga, balanza, algunos elementos más, vestigios de droga, con lo cual fue perfectamente determinado que estamos ante un inmueble cuya única utilidad era estar montado para la venta de estupefacientes al minorista”.

Cococcioni señaló también que “ha habido múltiples allanamientos, múltiples medidas en el pasado y el lugar se vuelve a reinstalar. Por lo tanto se llega a solicitar y a ordenar judicialmente la medida de inactivación física. En este caso con lisa y llanamente la demolición del lugar, porque no hay otra medida más idónea para hacer que este lugar directamente deje de ser copado por los narcos. Quedará inactivado, no va a poder funcionar más físicamente como punto de venta. De todas maneras vamos a tener el monitoreo ante cualquier posible reanudación de una actividad ilícita, directamente se va a intervenir de inmediato”.

El ministro remarcó también que esta forma de dar respuesta desde el Gobierno surge “en el marco de la IBF que llevamos adelante hace algunos meses en este barrio de la ciudad de Rosario. Por eso, realmente estamos ante un lugar, este búnker, que no sólo es un factor criminógeno de intranquilidad pública, sino que es un lugar cuya dinámica obviamente le hacía imposible la vida en sociedad al entorno. Es decir, la gente sale, quiere pasar por una vereda y resulta que hay tres o cuatro personas en moto peleándose a los tiros porque no se pusieron de acuerdo por un tema de la droga que venían a comprar”.

IBF y Ley de Microtráfico

Es preciso señalar que la reciente acción en Rosario se da en el marco del programa IBF que llevan adelante el Gobierno de Santa Fe, la Municipalidad y el Ministerio Público de la Acusación, a partir de la Ley de Microtráfico, con la cual la Provincia avanza con el derribo e inutilización de puntos de venta de drogas con el objetivo de reducir la circulación de violencia lesiva en sectores de conflicto del territorio provincial.

Esta Ley, aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial, establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de “microtráfico” o “narcomenudeo”, que hasta antes de la reglamentación eran competencia de la Justicia Federal.

De esta manera, se permite la desactivación coercitiva de los puntos de venta minoristas de estupefacientes en el territorio provincial: cuando haya un búnker o una construcción precaria y montada específicamente para el tráfico estupefaciente, con la ley se permite el derribo o demolición forzosa. También, se pretende dilucidar los eslabones superiores en la cadena de comercialización y suministro de estupefacientes, y la desactivación del punto de venta en concreto.

La Justicia Federal persigue la cadena de comercialización, investiga los eslabones superiores del narcotráfico y la intervención provincial es la desactivación directa del punto de venta.