El Gobierno dispuso la disolución del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de GLP y el Fideicomiso Individual PPP Red de Autopistas y Rutas Seguras (PPP RARS), mediante el Decreto 415/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
La disolución responde a una serie de inconsistencias plasmadas en los informes de auditoría realizados por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), en el marco del análisis general de la gestión de los fondos fiduciarios, instrumentado por la administración de Javier Milei desde marzo del 2024. Con los nuevos cierres, ya van 26 fondos liquidados.
En el caso del instrumento destinado al desarrollo de infraestructura vial, el organismo observó la inexistencia de información vinculada con los beneficiarios/tenedores de los TPI (Títulos de Pago por Inversión), “necesaria para cumplir con la normativa vigente sobre prevención del lavado de activos”.
Los mencionados títulos se utilizaban para abonar a los contratistas las obras adjudicadas de los distintos corredores viales licitados, en el marco del régimen de Participación Público-Privada (PPP). En 2020 se extinguieron todos los contratos, quedando como único cometido del fideicomiso el pago de los TPI, por lo que se consideró que “se encuentra fácticamente impedido de dar cumplimiento a su objeto”.
Al respecto, desde el Ministerio de Economía, explicaron que “desde 2021, el Fideicomiso dejó de recibir los aportes públicos provenientes del Sistema Público SISVIAL”, remarcando que “actualmente el rol del fiduciario se limitaba a impartir las instrucciones de dos pagos anuales, correspondientes a las amortizaciones de los TPI emitidos a favor de sus tenedores, y de efectuar las renovaciones de las inversiones de los activos, lo que constituía un alto costo de administración bancaria”.
Además, revelaron que “la deuda del Fondo con los tenedores de los títulos asciende a US$89 millones, mientras que el Fideicomiso contaba con inversiones para responder por esa deuda que superan en 40% a la necesidad de afrontar su total cobertura”, señalando que “debido a que ha desaparecido su finalidad inicial y que las funciones que realiza son limitadas a lo financiero, se propuso la disolución del Fondo”.
A raíz del cierre, el decreto estableció que Economía deberá celebrar un contrato con el Banco de Inversión y Comercio Exterior Sociedad Anónima (BICE S.A.) “con el fin de continuar con los pagos de las obligaciones que tengan por causa las cuotas devengadas por los Títulos de Pago por Inversión (TPI)”.
Además, determinó que “en el citado contrato deberá asignarse la suma de dinero necesaria para cumplimentar la totalidad de las obligaciones a devengarse en concepto de TPI” y se facultó a la cartera a “ofrecer el rescate anticipado de la totalidad de los TPI en circulación”.
En cuanto al Fondo Fiduciario Gas Licuado de Petróleo, la SIGEN registró “la carencia de indicadores de gestión, de documentación sobre las transferencias de fondos y de estados contables auditados, entre otros aspectos relevantes para la transparencia y eficiencia de gestión”.
Este instrumento había sido creado para atender el consumo residencial de gas licuado de petróleo envasado para usuarios de bajos recursos y para la expansión de redes de gas natural a zonas no cubiertas. Así financiaba el Programa Hogares con Garrafa (HOGAR).
Con la disolución dispuesta, el Gobierno definió “continuar los objetivos perseguidos a través de los programas que a tal fin implementa la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, a fin de una mejor administración y aplicación de los recursos”.
De esta manera, en el texto oficial quedó estipulado que el programa HOGAR permanecerá vigente, siendo atendidos los gastos ocasionados por este por el Ministerio de Economía, quien deberá determinar la forma a través de la cual efectiviza la transferencia de recursos a la ANSES “para el otorgamiento del subsidio o compensación a los titulares de hogares de bajos recursos y productores de gas licuado de petróleo”.
Al valorar las nuevas disoluciones, desde Economía destacaron que “con estas medidas el Gobierno Nacional avanza en pos de una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común, cuidando el racional uso de los recursos públicos y el debido control sobre la administración de las finanzas públicas”.
