En un guiño a la Iglesia, quiere regular el derecho a negarse a cumplir con una tarea por motivos religiosos; la propuesta surge en medio del debate sobre el aborto.
En medio del debate sobre la despenalización del aborto que se desarrolla en la Cámara de Diputados, el oficialismo le hará un guiño a la Iglesia , contraria a la iniciativa. En paralelo, pondrá en discusión el proyecto de ley sobre libertad religiosa que presentó el Poder Ejecutivo el año pasado y propone, entre sus puntos medulares, regular por primera vez el derecho a la objeción de conciencia.
Esta cuestión -la objeción de conciencia- genera opiniones encontradas en la discusión sobre el aborto. Por caso, de aprobarse la despenalización, ¿podría un médico alegar objeción de conciencia para negarse a practicar un aborto? Según la iniciativa del Poder Ejecutivo, que fue consensuada con los distintos cultos, ese profesional quedaría amparado, por cuanto establece que ese derecho puede ser ejercido en diversas circunstancias, como “cumplimiento de tareas profesionales en el ámbito sanitario”.
Agrega, también, otros supuestos, como prestación del servicio militar, sometimiento a tratamientos médicos, homenaje activo a símbolos patrios, juramentos, actividad laboral o escolar en días de fiesta o descanso religioso.
En este sentido, el proyecto del Gobierno -enviado a la Cámara de Diputados en junio pasado- agrega que “toda persona tiene derecho a invocar un deber religioso relevante o una convicción religiosa o moral sustancial como razón para negarse a cumplir una obligación jurídica”. También las personas jurídicas podrán alegar la “objeción institucional o de ideario”.
La iniciativa, que se debatirá en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja que preside Cornelia Schmidt Liermann (Cambiemos), ya genera revuelo entre los diputados que abogan por la despenalización del aborto. Así lo pudo constatar el propio secretario de Culto, Santiago de Estrada, durante una reunión informal que mantuvo anteayer con un grupo de legisladores de Cambiemos.
“Con este criterio sobre la objeción de conciencia, un docente podría negarse a impartir clases sobre educación sexual, o un funcionario público podría negarse a casar a un matrimonio entre parejas del mismo sexo alegando principios morales y religiosos”, alegaron los legisladores críticos de la iniciativa oficial. “También podría suceder que una obra social se negara a proveer anticonceptivos aun existiendo una obligación legal para hacerlo”, advirtieron.
Así planteada por el Poder Ejecutivo, la regulación de la objeción de conciencia difícilmente prospere en la Cámara de Diputados. La idea, a priori, es trabajar en una fórmula intermedia. De hecho, muchos legisladores a favor de la despenalización del aborto proponen incorporar, en el texto, un capítulo sobre la objeción de conciencia. Uno de ellos, Sergio Wisky (Cambiemos), propone en su proyecto que el profesional de la salud pueda ejercer este derecho “siempre y cuando no se traduzca en dilación, retardo o impedimento para el acceso a esta práctica médica”.
“En caso de que un profesional de la salud desee ejercer su derecho a la objeción de conciencia, deberá notificar su voluntad por escrito a las autoridades del establecimiento de salud”, propone Wisky en su proyecto, suscripto también por el diputado Daniel Lipovetzky, presidente de la Comisión de Legislación General. La discusión recién empieza. La primera medida que adoptó la diputada Schmidt Liermann fue constituir una mesa de trabajo. Uno de los puntos cruciales es que el registro de cultos para las confesiones religiosas que actúan en el país pasará a ser voluntario -hoy es obligatorio- y quienes decidan inscribirse podrán gozar de beneficios, como exenciones impositivas.
