Silvia Noemí Quinteros desapareció el 1° de agosto. Tenía 28 años y tres hijos. El martes la encontraron muerta en un descampado cercano a la localidad de Hersilia, cerca de la frontera con Santiago del Estero y a 270 kilómetros de la capital provincial. Por el hecho detuvieron a su pareja, de 31 años y padre de sus niños.
Se trata de JAP de 31 años, quien era el esposo de la víctima. La medida cautelar fue impuesta por el juez Juan Peralta a pedido de la fiscal Silvina Verney. La funcionaria del MPA también le atribuyó la autoría de los delitos de desobediencia de mandato judicial y coacción.
El hombre investigado –que era el esposo de la víctima– fue imputado ayer por la fiscal Verney por dos hechos ilícitos. La funcionaria del MPA le atribuyó la autoría del delito de homicidio doblemente calificado (por el vínculo y por mediar violencia de género), en concurso real con la autoría de los delitos de desobediencia de mandato judicial y coacción.
Luego de la audiencia, Verney valoró la decisión del magistrado de imponer la prisión preventiva. En tal sentido, sostuvo que “el juez fundamentó su decisión teniendo en cuenta los peligros procesales que establece el Código Procesal Penal, y también refirió a las evidencias presentadas por la Fiscalía hasta el momento”.
“El femicidio que investigamos fue cometido en una fecha indeterminada entre el lunes 29 de julio y el martes de la semana pasada”, informó Verney en la audiencia. Además, la fiscal recordó que “el cuerpo de la víctima fue encontrado en las últimas horas del martes de esta semana a 240 metros al este de la ruta nacional número 34 y a 16 metros al sur de un camino rural”.
La funcionaria del MPA argumentó que “el homicidio de Quinteros fue cometido mediando en el marco de un contexto muy claro de violencia de género y, de acuerdo a los resultados de la autopsia, la mujer murió por asfixia”. También detalló que “el cadáver de la víctima fue encontrado enterrado a aproximadamente 80 centímetros de profundidad en una fosa que estaba tapada con tierra y que tenía ramas de árboles en la superficie con el objetivo de ocultar el cuerpo”.
En relación al delito de desobediencia de mandato judicial, la fiscal precisó que “al cometer el femicidio, el imputado también violó una restricción judicial de acercamiento a la mujer que había sido impuesta el viernes 14 de junio de este año por el juez comunitario de Hersilia. El magistrado resolvió la medida a partir de una denuncia realizada por la víctima el mismo 14 de junio”.
Por otra parte, Verney aclaró que “la denuncia que hizo Quinteros fue a raíz de un violento episodio en el que el imputado fue a la casa en la que vivía la mujer con sus tres hijos menores de edad, y luego de una discusión le quitó el teléfono celular y la amenazó con matarla a ella y a sus hijos. Por tal motivo –concluyó la fiscal– también se le atribuyó el delito de coacción”.
