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miércoles, junio 3, 2020

Santa Fe vuelve a la Corte para intimar a la Nación

Además

El máximo tribunal ordenó a Nación financiar el costo fiscal de las medidas presidenciales post PASO sin erosionar la coparticipación. Ante las “estrategias dilatorias” de la Casa Rosada, los gobernadores decidieron avanzar en el cobro y se realizó una cumbre de fiscales y ministros de Economía de las provincias que ya presentaron demandas para acordar una estrategia.

Fiscales de Estado y ministros de Economía de 15 provincias acordaron volver a la Corte Suprema el viernes para pedir que intime al Gobierno de Mauricio Macri a cumplir (bajo apercibimiento de sanciones) con la medida cautelar y pagar ya la compensación derivada del reciente fallo del máximo tribunal que ordenó a Nación financiar el costo fiscal de las medidas presidenciales post PASO sin erosionar la coparticipación.

La estocada tomará la forma de presentaciones individuales de cada distrito. Santiago del Estero se adelantó y lo hizo hoy, pero sin monto.

Precisamente, la discusión sobre el monto sigue con final abierto por las dificultades para elaborar ese cálculo (involucra a tributos de naturaleza distinta).

En principio, los gobernadores pretenden que la AFIP se expida respecto del monto, mientras que algunos distritos se apoyan en un informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso que estimó en $ 47.395 millones el costo de las medidas para las provincias.

La avanzada terminó de pulirse en la sede porteña de la Comisión Federal de Impuestos (CFI), donde se autoconvocaron los enviados provinciales para definir los pasos a seguir.

Hubo en rigor funcionarios de 18 provincias, porque se sumaron tres que no accionaron aún: Mendoza, Chaco y Río Negro.

La estrategia incluyó una primera reunión, pasadas las 11, de los Fiscales de Estado, para discutir la metodología del cálculo y la letra chica de los planteos. En su inicio, un aplauso celebró la cosecha positiva de la embestida judicial, para luego abocarse a la discusión técnica.

Poco después arrancó un segundo encuentro, de ministros de Economía. Y cerca de las 12.30 se produjo una cumbre conjunta, para terminar de pulir la estrategia.

COBRO SIN DEMORAS

El mandato de los gobernadores es claro: avanzar en el cobro sin demoras, frente a las primeras estrategias dilatorias que brotaron desde la Casa Rosada.

Por eso ahora definieron avanzar en la estrategia de intimación de pago.

En la mesa del CFI se sentaron enviados de 18 provincias: Entre Ríos, San Luis, San Juan, Tucumán, Catamarca, Chubut, La Rioja, Santiago del Estero, Salta, Santa Fe, Formosa, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Misiones, Chaco, Mendoza y Río Negro.

De ese lote, las primeras 15 provincias accionaron a fines de agosto contra los dos decretos pro consumo del Presidente que mermaron las remesas automáticas a los gobernadores:

Pero el éxito de la estocada atrajo a más distritos: se sumaron al cónclave funcionarios del radical mendocino Alfredo Cornejo, del justicialista chaqueño Domingo Peppo y del rionegrino Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro).

Ese segundo lote de distritos no fue hasta el momento a la Justicia y privilegió la apertura primero de negociaciones con la Casa Rosada, pero ahora esperan -a priori- recibir también un derrame (político) de recursos, a partir de la puerta abierta por el fallo de la Corte.

Los gobernadores están decididos a monetizar de inmediato la cautelar que les blinda la coparticipación y esquivar los intentos de la Casa Rosada de freezar los tiempos, en medio de la campaña electoral hacia los comicios del 27-O.

La resolución de la Corte ordenó días atrás que el Gobierno nacional debe hacerse cargo de financiar el impacto de las medidas post-PASO (y pro consumo) de Macri, que erosionan las remesas coparticipables. El mix incluye la suba del piso de Ganancias y la eliminación del IVA en alimentos de la canasta básica.

Pero la definición del monto a compensar augura una dura pulseada con la Casa Rosada que, de hecho, pidió ya a la Corte una aclaración respecto de cómo hacer frente y solicitó la convocatoria a una audiencia entre las partes “por la necesidad de conciliar con las provincias la forma en que se dará cumplimiento a la medida, preservando el interés público comprometido en los decretos 561 y 567”.

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