El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, le pidió este martes la renuncia al funcionario de su cartera encargado de la compra de alimentos para comedores que se hizo a precios superiores a los de referencia.
A su vez, todos los colaboradores del área (14) fueron apartados y desde la cartera sostienen que podrían irse más.
Así lo confirmaron fuentes del Ministerio, luego de que la situación generara una fuerte polémica, que derivó en la decisión del presidente Alberto Fernández de no pagar la compra al precio establecido originalmente.
Se trata del secretario de Articulación de Política Social, Gonzalo Calvo, un ex funcionario de la Municipalidad de Almirante Brown, responsable de la compra de esa partida de alimentos de casi 400 millones de pesos, que incluyó fideos, azúcar y aceite.
Según señalaron allegados a Arroyo, la determinación de desplazar al funcionario tuvo que ver con que fue quien “tomó la decisión de avanzar con la compra” de los alimentos.
A éste se le suman los despidos de: del subsecretario de Asistencia Crítica, Carlos Montaña; el coordinador de abordaje territorial, Fabio Frega; el coordinador de Depósito Metropolitano, Pedro Procopio; la directora de Emergencia, Ana Barchetta; la coordinadora de asistencia técnica directa, Carolina D`Ambrossio; la directora de Asistencia Crítica, Florencia Plano; la directora de Asistencia Institucional, Agustina Brea; el director de Gestión y Asistencia Urgente, Gastón Lasalle; el director de Ayudas emergentes, Christian Escudero; el coordinador de Asistencias a Instituciones No gubernamentales, Victor Oviedo; el coordinador de Gestión de ayudas urgentes, Ignacio Sabaini; el director de Talleres familiares, Gabriel Giurliddo; el director nacional de Articulación Social, Federico Ludueña; y el director de Asistencia para Situaciones especiales Gustavo Cassieri.
Tras la polémica, Fernández anunció que la compra “no se va a pagar” a precios superiores a los de referencia, luego de detallar que algunos alimentos de esa partida ya se habían recibido, pero el dinero todavía no se había girado.
A la vez, por esta situación, el mandatario nacional revisó el sistema de compras oficiales y estableció que ninguna podrá hacerse “sin respetar los precios máximos que fija el Estado”.
“No se va a pagar, y si alguno quiso hacer lo que no debía hacer, que se haga cargo”, enfatizó Fernández este lunes por la noche, tras respaldar a Arroyo y afirmar que cree en su “honestidad”.
La situación generó duras críticas de referentes sociales y de la oposición, que pidieron explicaciones oficiales a través del Congreso.
