Se concentraron frente a la Bolsa de Comercio para reclamar que la causa pase a un tribunal de Rosario.
Se manifestaron a las puertas del edificio de Paraguay al 700, donde funciona la institución que presidió uno de los investigados por el mega desfalco, Alberto Padoán, y donde tiene uno de sus domicilios legales la sindicatura de la corporación.
Los productores y acopiadores que protagonizaron una nueva movida cuestionan a los síndicos de Vicentin y a la justicia, entre otras cosas, por la incorporación de Diego Guelar, ex embajador ante China durante el gobierno de Cambiemos, como consultor de la empresa en el proceso de concurso.
Ocurre lo mismo con los integrantes del nuevo directorio tripartito elegido a mediados de octubre por la mayoría de los accionistas, recelan de la estrecha relación del ex diplomático con los directivos que quebraron la agroexportadora con variados desmanejos.
En la Bolsa de Comercio de Rosario están las oficinas del estudio Baravalle & Granados, donde fijaron domicilio los síndicos designados por el juez Lorenzini para el proceso preventivo de acreedores.
Los acreedores cerealeros de Vicentin no quieren que se pesifiquen las deudas por los granos que no cobraron y que, en muchos casos, ni siquiera facturaron, porque no tenían fijado precio cuando se enviaron a depósito. Argumentan que si bien esas operaciones comerciales se asientan en pesos, se rigen por la cotización del dólar al cierre efectivo de los contratos. Con el proceso devaluatorio y las presiones hacia el gobierno para profundizarlo que imperan en el país, sostienen que se van a licuar esos pasivos y serán ellos los que pierdan.
