La causa tomó estado público en noviembre pasado, cuando se hicieron procedimientos del Organismo de Investigaciones (OI) en las sedes del Ministerio de Seguridad de Santa Fe y Rosario, con el objetivo de secuestrar elementos de interés para la causa.
Un juez ordenó en el mediodía de este jueves levantar el secreto del expediente por presunto espionaje ilegal que involucra a varios ex funcionarios santafesinos, entre ellos al ex ministro de Seguridad Marcelo Sain y su vice Germán Montenegro.
La decisión tuvo lugar por una presentación que hizo Hernán Martínez, abogado del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain, una de las personas bajo investigación por presunto espionaje ilegal.
Ahora las defensas de las personas bajo sospecha podrán acceder a la información de la investigación que llevan adelante los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez. En ese marco, el ex ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, confirmó que recibió una notificación de parte de los fiscales de la causa, confirmando que fue uno de los espiados.
El legislador fue notificado luego de que en enero pasado se presentara en la Fiscalía luego de que su nombre apareciera en una lista donde aparecían presuntos investigados de manera ilegal. “Si la causa avanza, estamos ante el hecho más grave de la democracia” afirmó Pullaro.
La resolución de ocho páginas sostiene en los considerandos que “no se advierte motivo alguno para continuar con la reserva, perjudicando el derecho de las personas a las que se le hizo conocer los derechos del imputado de imponerse los motivos por los cuales se encuentra bajo investigación”.
Recordemos que tras los operativos realizados en Rosario y Santa Fe renunciaron a sus cargos el secretario de Seguridad, Germán Montenegro; el subsecretario de Prevención y Control Urbano, Alberto Mongia; el subsecretario de Investigación Criminal, Pablo Álvarez; el subsecretario de Seguridad Preventiva, Diego Lluma; el director de Análisis Criminal, Sebastián Sánchez;, el subsecretario de Control, Diego Rodríguez; los asistentes técnicos, Nadia Schujman y Ramiro Cortese; el director provincial de la Agencia de Investigación Criminal, Rodolfo Gallardo; y la directora de los Centros Territoriales de Denuncia, Carla Pecorini.
La audiencia imputativa, se estima que ocurrirá entre fin de febrero e inicio de marzo.
