El Senado sancionó en las primeras horas de este viernes la Ley de Financiamiento Universitario, que prevé un incremento en las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las casas de altos estudios y para actualizar salarios docentes y no docentes. Estudiantes y gremios universitarios realizaron una multitudinaria movilización en apoyo a la sanción.
La iniciativa recibió el apoyo de 57 senadores (Unión por la Patria, UCR, y partidos provinciales), el rechazo de 10 (La Libertad Avanza y parte del Pro) y 1 abstención. Implica en este año, un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a $738.595 millones, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
El proyecto fue motorizado por el conjunto de la oposición, Unión por la Patria, la UCR, los partidos provinciales e incluso el Pro, habiendo recibido media sanción hace un mes atrás en la Cámara baja.
Al igual que con la ley de reforma de la movilidad jubilatoria, el Gobierno anticipó que vetará cualquier medida que considere que atente contra el equilibrio fiscal.
De acuerdo a la norma, “el Poder Ejecutivo deberá actualizar las partidas presupuestarias del año 2024 a fin de garantizar el financiamiento de las Universidades Nacionales”.
Asimismo, se encomienda al Gobierno a “recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional a partir del 1 de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante dicho periodo”.
También indica que “desde el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre del año 2024 deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación” informada por el INDEC.
También busca garantizar “la ampliación anual y progresiva del monto y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles”.
