La Policía Federal de Brasil presentó cargos formales contra el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), el general Walter Braga Netto y otras 35 personas por su presunta implicación en crímenes graves, como intento de golpe de Estado y organización criminal.
Estos señalamientos surgen de una investigación sobre la tentativa de un golpe de Estado para mantener a Bolsonaro en el poder pese a su derrota en las elecciones de 2022 frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
Es la primera vez en la historia de Brasil que un presidente electo democráticamente es acusado de conspirar contra la democracia.
El informe de la investigación fue remitido al Supremo Tribunal Federal (STF), detallando los crímenes atribuidos a los acusados con base en las pruebas recolectadas.
Según la Policía Federal, los implicados operaban dentro de una estructura organizada que asignaba tareas específicas, lo que permitió individualizar sus acciones y confirmar la existencia de distintos grupos en roles definidos.
Estas actividades incluyeron la difusión de desinformación, ataques al sistema electoral, incitación a las Fuerzas Armadas para respaldar un golpe de Estado y otras acciones operativas y coercitivas.
Entre las pruebas presentadas se encuentran mensajes de celular, videos, grabaciones, documentos y el testimonio de Mauro Cid, exayudante de órdenes de Bolsonaro, quien proporcionó información clave a cambio de beneficios legales.
Comandantes del Ejército y la Aeronáutica revelaron que Bolsonaro presentó una minuta golpista, aunque solo el entonces comandante de la Marina, Almir Garnier, habría mostrado disposición a apoyarla. Garnier, citado a declarar, optó por guardar silencio ante las autoridades.
La investigación también descubrió un plan detallado para asesinar al presidente Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al ministro del STF, Alexandre de Moraes.
Asimismo, se reveló cómo colaboradores de Bolsonaro participaron en estrategias para cuestionar la legitimidad del sistema electoral para debilitar la democracia y justificar
posibles acciones golpistas.
El Supremo Tribunal Federal deberá enviar el informe a la Procuraduría General de la República, donde el procurador general, Paulo Gonet, analizará las pruebas y determinará si procede con las denuncias.
