El juez federal Alejo Ramos Padilla resolvió declarar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del decreto presidencial mediante el cual se designó jueces «en comisión», es decir, sin la previa aprobación del Senado. Una medida que el magistrado consideró una violación de la Constitución Nacional y de los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de derechos humanos y administración de justicia.
La resolución de Ramos Padilla establece un claro límite al uso de facultades excepcionales por parte del Poder Ejecutivo. Subrayando que estas designaciones transitorias, justificadas por el Gobierno como necesarias para asegurar el funcionamiento de los tribunales ante vacantes, carecen de legitimidad jurídica.
El juez destacó que la urgencia planteada por el Ejecutivo no puede ser excusa para eludir los mecanismos constitucionales establecidos para la selección de jueces, y señaló que la medida impugnada vulnera principios fundamentales del ordenamiento jurídico. La decisión judicial podría afectar las resoluciones emitidas por los jueces designados bajo este sistema y obligará al Poder Ejecutivo a buscar el consenso político del Senado para futuras designaciones.
Con esta sentencia, se reitera la importancia de respetar los procedimientos democráticos y constitucionales en la selección de funcionarios judiciales, reafirmando el rol clave del Senado en este proceso.
