El juez federal Eduardo Rodrigues Da Cruz, quien dictó la prisión preventiva del magistrado Marcelo Bailaque y del empresario Fernando Whpei, denunció un intento de soborno en su contra ocurrido el pasado viernes 16 de mayo en el estacionamiento de los Tribunales Federales de Rosario.
Según consta en la denuncia presentada ante la Oficina Judicial del Distrito Rosario, el cabo primero Lisandro Martínez —miembro de la Policía Federal Argentina (PFA) que presta servicio en ese edificio desde hace años— se le acercó al juez mientras ingresaba al predio y le dijo: “Doctor, perdón lo moleste, pero no quería dejarlo afuera”.
El juez, sorprendido, pidió una aclaración. Entonces, el uniformado le explicó que se había quedado hasta tarde durante la audiencia del lunes 13, en la que participó Whpei, y que “el abogado del empresario” le había dejado dinero, sin ofrecer más detalles. El comentario dejó entrever que el ofrecimiento también podía estar destinado al propio magistrado.
Rodrigues Da Cruz respondió que “esa situación no correspondía” y que no aceptaba ni compartía ese tipo de prácticas. Aunque aclaró que no se le ofreció directamente un sobre con dinero, como circuló en algunas versiones, consideró de suma gravedad el hecho y solicitó el inmediato apartamiento del cabo de sus funciones en el edificio judicial.
El episodio ocurrió en la antesala de una audiencia clave para Whpei, quien había solicitado cumplir la prisión preventiva en su domicilio por razones familiares. La audiencia, prevista para ese mismo día, fue suspendida y reprogramada.
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Fernando Whpei se encuentra detenido en una sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), imputado por una presunta maniobra extorsiva junto al juez Bailaque y al ex titular de la AFIP Rosario, Carlos Vaudagna. Además, está acusado de haber transferido mil millones de pesos desde una cooperativa intervenida hacia una mutual que él administra.
Por su parte, el juez Marcelo Bailaque sigue en funciones debido a sus fueros, aunque sobre él pesa una orden de prisión preventiva dictada por el propio Da Cruz. La medida no puede hacerse efectiva hasta que el Consejo de la Magistratura avance con un juicio político, algo que no ha mostrado avances significativos desde hace más de un año.
