Los 13 mineros peruanos secuestrados hace una semana en la provincia de Pataz, en la región de La Libertad, fueron hallados muertos este domingo. Según confirmaron fuentes policiales y la propia empresa minera Poderosa, que operaba el yacimiento de oro atacado, las víctimas fueron maniatadas, vendadas y ejecutadas con un disparo en el cuello.
En un duro comunicado, la compañía denunció que los asesinatos fueron perpetrados por “criminales aliados a la minería ilegal”, que tomaron por la fuerza las instalaciones donde trabajaban los fallecidos. “Lamentamos profundamente esta tragedia y exigimos al Estado medidas urgentes”, expresaron desde Poderosa.
El caso visibiliza el dramático avance de las bandas criminales en zonas mineras del Perú. La empresa señaló que, con este hecho, ya suman 39 los trabajadores asesinados por estas organizaciones en lo que va del año en la región, que describen como “un territorio sin ley” dominado por la violencia.
Pese a la gravedad de los hechos, la compañía advirtió que “será imposible derrotar al crimen organizado si la Policía no interviene en las bocaminas ilegales”, donde se refugian y operan las mafias. En muchos casos, los secuestradores exigen rescates a las familias de las víctimas, como ocurrió en este episodio.
El hallazgo de los cuerpos generó una fuerte conmoción a nivel nacional. El gobierno peruano aún no ha anunciado medidas concretas en respuesta, mientras las organizaciones sociales y empresariales exigen una política integral de seguridad en las zonas mineras. Pataz, en particular, se ha transformado en un foco crítico del conflicto entre minería legal, ilegalidad y crimen organizado.
