El gobernador Maximiliano Pullaro, mediante sus representantes legales Jorge M. Ilharrescondo e Ignacio E. Martín, solicitó una condena de 10 años de prisión para el exministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, en el marco de la causa por presunto espionaje ilegal y asociación ilícita.
El pedido no se limita al exfuncionario, ya que también alcanza a parte de los colaboradores que integraron su equipo durante la gestión de Omar Perotti. Sin embargo, a Sain se lo señala como jefe de la estructura, motivo por el cual enfrenta la solicitud de la pena más elevada.
En paralelo, la Fiscalía de Estado, a cargo de Domingo Rondina, también presentó su requerimiento en representación del Estado santafesino, reclamando 11 años de prisión para Sain y penas menores para el resto de los acusados.
La causa se inició tras más de dos años de investigación de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), bajo la conducción del fiscal Ezequiel Hernández, quien en noviembre pasado ya había adelantado que pediría una condena de 11 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la eventual sentencia.
La hipótesis de la fiscalía es que Sain dirigía un equipo que, entre 2019 y 2021, se dedicó a elaborar perfiles de dirigentes políticos, empresarios y otros actores relevantes del poder provincial, incluyendo tanto opositores como oficialistas.
“El objetivo de la asociación ilícita era cometer diversos delitos contra la administración pública y contra personas humanas y jurídicas”, argumentó el fiscal, al sostener que se utilizaban bases de datos públicas y privadas, así como información de investigaciones penales, para acceder a datos personales y financieros de los involucrados.
Además de Sain, la acusación involucra a otros seis exfuncionarios de su área, quienes habrían tenido distintos niveles de participación en la red de inteligencia ilegal presuntamente montada durante su paso por el Ministerio de Seguridad.
