El fiscal de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, Ezequiel Hernández, presentó la acusación y pidió llevar a juicio al exministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain (59), en la causa que investigó el presunto espionaje ilegal del exfuncionario junto a seis miembros de su equipo de trabajo durante la gestión de Omar Perotti.
A Sain, también exdirector del Organismo de Investigaciones, se lo acusa por haber sido jefe de una asociación ilícita en violación de la Ley Nacional de Inteligencia 25.520; de haber malversado caudales públicos; abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes; instigador de destrucción de documentos y elementos de prueba; violación de secretos y encubrimiento calificado (por ser funcionario público).
El fiscal anticipó que solicitó una pena de 11 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena.
El pedido de pena también alcanza a la exdirectora de la Agencia de Control Policial, Nadia Schujman (48), a quien la Fiscalía le imputó haber sido organizadora de la asociación ilícita investigada. Para ella, el fiscal Hernández solicita una condena de 9 años de cárcel e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.
El fiscal también requirió la misma pena para la exjefa de Departamento de Inteligencia Criminal Zona Sur del Organismo de Investigaciones (OI), Débora Vanina Cotichini (48).
En cuanto al exsecretario de Seguridad Pública del Ministerio, Germán Montenegro (57), la Fiscalía consideró que le corresponde una pena de 7 años por haber sido presuntamente miembro de la asociación ilícita investigada y además cometer una serie de delitos: malversación de caudales públicos calificada (por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados); abuso de autoridad por ejercicio y por dictado de órdenes contrarias a las disposiciones legales; destrucción de documentos.
La causa también apunta al exsubsecretario de Investigación Criminal, Pablo Álvarez (37), y el exsubsecretario de Control Institucional del Ministerio de Seguridad de la provincia, Diego Alfredo Rodríguez (44), a los cuales Hernández les pide 5 años de cárcel más la inhabilitación.
Por último, la acusación sostiene que le corresponde una condena de 3 años de prisión (e inhabilitación) la excontratada por la Subsecretaría de Control, Milagros Bernard (31).
