Una nueva norma comunitaria da como plazo máximo hasta febrero de 2027 para que los teléfonos móviles vuelvan a tener baterías reemplazables, con el fin de reducir la obsolescencia programada.
Con el objetivo de reducir la montaña de residuos electrónicos que se genera cada año, a partir de 2027 la Unión Europea exigirá a las marcas proveedoras de teléfonos celulares y cualquier otro aparato electrónico, que sus baterías sean fácilmente reemplazables. Esto, en la práctica, implica el regreso de algo que parecía olvidado: teléfonos móviles con tapa para poder sustituir la pila recargable.
La Eurocámara y el Consejo de la Unión Europea adoptaron en 2023 el Reglamento europeo relativo a las pilas y baterías y sus residuos. Aunque la norma està vigente desde entonces, muchas de sus disposiciones comenzarían a aplicarse de forma progresiva. Y el calendario reserva una especial atención al año que viene.
Será a partir del 18 de febrero de 2027 cuando los fabricantes deberán garantizar que los móviles (y otros dispositivos) disponibles en el mercado europeo tengan baterías fácilmente reemplazables. «Toda persona física o jurídica que introduzca en el mercado productos que lleven pilas o baterías portátiles», tendrá que garantizar «que sean fácilmente extraíbles y sustituibles por los usuarios finales».
La regulación estipula además que serán precisamente ellos, los usuarios finales, los que podrán sustituir las baterías. Es decir, no trabajadores de un servicio técnico ni personal especializado en reparar dispositivos. Usuarios finales. Y «en cualquier momento durante la vida útil del producto», continúa.
«Se considerará que una pila o batería portátil es fácilmente extraíble por el usuario final cuando puede retirarse de un producto utilizando herramientas comercialmente disponibles y sin necesidad de utilizar herramientas personalizadas», especifica la norma, lo que blinda todavía más el carácter de la regulación hacia los usuarios finales de los dispositivos.
Todo indica que esta norma será de gran impacto en el mercado tecnológico, como lo fue la obligatoriedad de que todos los cargadores de móviles fuesen compatibles vía un estándar.
Este reglamento sobre pilas y baterías tiene que ver más con la huella ecológica que tiene la producción en masa de dispositivos electrónicos. Eso sí, hay un marco general sobre el derecho a reparar, una directiva aprobada en 2024 cuyo límite para transponerse en España vence en julio, en apenas unos meses, y que establece también una serie de obligaciones para fabricantes de productos electrónicos.
Esa directiva que los Estados miembros de la Unión Europea deberán adaptar a sus legislaciones establece que los fabricantes estarán obligados a reparar los productos siempre que sea técnicamente posible, y nunca podrán bloquear o impedir dichas reparaciones ni por acción ni por omisión. Se tendrá que favorecer el acceso a piezas y componentes electrónicos a precios razonables y si se repara se extenderá la garantía.
Ya sea mediante baterías reutilizables o mediante el auge del derecho a reparar, la Unión Europea le va contando los días a la obsolescencia programada.
