En medio de la polémica generada por las denuncias sobre la supuesta falta de habilitación de radares en rutas nacionales del norte santafesino, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa Ocampo, Jesús Merino, salió a respaldar la legalidad de los cinemómetros instalados sobre la Ruta Nacional 11 y aseguró que el municipio cumplió con todos los procedimientos exigidos por la Agencia Provincial de Seguridad Vial.
En diálogo con EME, el funcionario sostuvo que las versiones que califican a los equipos como «truchos» o ilegales son falsas y generan confusión entre los automovilistas.
«Queremos transmitir tranquilidad. Los radares instalados en nuestra ciudad han pasado por todos los pasos que establece la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Decir que son truchos o ilegales es totalmente falso y crea una gran confusión en la comunidad», afirmó.
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Una discusión entre Nación y Provincia
Merino explicó que la controversia no radica en el funcionamiento de los equipos, sino en cuál es el organismo competente para autorizar su instalación en rutas nacionales.
«Lo que existe es una discusión entre la órbita provincial y la nacional para determinar cuál de las dos entidades tiene la potestad de habilitar los radares», señaló.
En ese sentido, recordó que Santa Fe cuenta con una legislación propia adherida a la Ley Nacional de Tránsito.
«Tenemos una ley provincial adherida a la Ley Nacional de Tránsito 24.449, por la cual la provincia tiene la potestad de controlar las velocidades en las rutas nacionales que atraviesan su territorio», explicó.
Cuatro cinemómetros en dos accesos
El funcionario detalló que Villa Ocampo cuenta con cuatro cinemómetros, distribuidos en dos puntos estratégicos del tramo urbano de la Ruta Nacional 11.
«Tenemos un punto en el acceso norte, a la altura de calle Mitre, y otro en el acceso sur, sobre Boulevard Urquiza. Son dos cinemómetros en cada sector, cuatro en total», precisó.
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Según indicó, el municipio detectó una importante cantidad de infracciones desde su puesta en funcionamiento.
«Se han detectado muchas infracciones porque era un tramo que necesitaba un control de velocidades», aseguró.
«El objetivo es evitar accidentes»
Merino insistió en que la finalidad de los controles es reducir la siniestralidad en una zona donde la Ruta 11 atraviesa el casco urbano y concentra un intenso movimiento de vecinos y turistas.
«El objetivo de los radares es evitar la siniestralidad, cuidar al ciudadano y no actuar como un ente recaudador», sostuvo.
Además, recordó que el proceso de instalación demandó cerca de un año de gestiones técnicas y administrativas.
«Estuvimos un año realizando todos los trámites. Intervino el Observatorio de la provincia, seguimos cada paso del expediente y los cinemómetros fueron verificados por el INTI», indicó.
«Las multas seguirán siendo válidas»
Finalmente, Merino aseguró que, aun cuando la definición sobre la competencia recaiga en el Gobierno nacional, eso no invalidará las sanciones ya emitidas.
«Si finalmente quien debe autorizar es la Nación, lo único que habrá que hacer es elevar el expediente que ya está presentado en la provincia. Eso no significa que las multas dejen de existir ni que los radares estén mal instalados», afirmó.
También remarcó que todos los puntos de control están correctamente identificados para los conductores. «Está toda la cartelería correspondiente», concluyó.
