Las falsas alarmas y activaciones sin incidentes reales dejaron de ser una de las principales fuentes de saturación del sistema de emergencias 911 en Santa Fe. Durante los primeros cinco meses de vigencia de la nueva Ley de Seguridad Privada, la cantidad de llamados derivados de sistemas de monitoreo descendió un 30 %, generando un impacto directo en la operatividad policial.
De acuerdo con los datos relevados hasta fines de mayo, se registraron 32.951 comunicaciones vinculadas a alarmas privadas, frente a las 48.610 contabilizadas en el mismo período del año anterior. La diferencia representa 15.659 llamados menos al sistema de emergencias.
Menos intervenciones innecesarias
Durante años, una parte importante de los recursos policiales estuvo destinada a responder alertas que finalmente no derivaban en hechos de inseguridad. En muchos casos, los móviles acudían a domicilios o comercios donde no existía ninguna situación que requiriera intervención.
La reducción de estas activaciones permitió disminuir la cantidad de desplazamientos innecesarios y liberar recursos para la atención de emergencias reales, mejorando la capacidad operativa del sistema.
Además, la menor carga de trabajo sobre operadores y patrulleros contribuyó a optimizar la planificación del patrullaje preventivo en distintas localidades de la provincia.
Respuestas más rápidas ante emergencias
Uno de los efectos más visibles de esta reducción fue la mejora en los tiempos de respuesta. Según los registros oficiales, el promedio de atención ante emergencias pasó de 7 minutos y 15 segundos a 6 minutos y 15 segundos en comparación con el mismo período del año anterior.
La disminución de un minuto en el tiempo promedio de llegada de los móviles resulta significativa para la atención de situaciones críticas, ya que permite una intervención más rápida en casos donde existe riesgo para personas o bienes.
Cambios en el funcionamiento del monitoreo privado
La nueva Ley de Seguridad Privada, aprobada a fines de 2025, incorporó mecanismos de control y protocolos de validación para las empresas prestadoras de servicios de monitoreo y vigilancia.
Uno de los principales cambios consistió en exigir verificaciones previas antes de derivar una alerta al sistema 911, con el objetivo de reducir activaciones erróneas o incidentes generados por fallas técnicas, errores de operación o movimientos que no representan amenazas reales.
La normativa reemplazó un marco regulatorio vigente desde 1991 y buscó adaptar el funcionamiento del sector a las nuevas tecnologías y a las necesidades actuales en materia de seguridad.
Un sistema más eficiente
Los primeros resultados muestran una reducción sostenida de llamados improcedentes y una utilización más eficiente de los recursos disponibles. La menor cantidad de falsas alarmas permitió fortalecer la coordinación entre los sistemas de seguridad privada y los organismos públicos de emergencia.
Con menos intervenciones innecesarias y tiempos de respuesta más bajos, el sistema 911 logró concentrar mayores esfuerzos en situaciones que requieren una actuación inmediata, mejorando la capacidad de respuesta ante hechos reales de inseguridad y otras emergencias.
