La fiscal de Tostado, Shirli Tomasso, se presentó ante la Comisión Bicameral de Acuerdos Legislativos en el marco de la investigación disciplinaria iniciada por presuntas demoras en la tramitación de causas judiciales. En diálogo con EME, defendió su actuación, cuestionó parte de los expedientes incluidos en la investigación y vinculó el proceso con una denuncia que presentó contra su superior directo, el fiscal regional Carlos María Vottero.
Tomasso explicó que se le atribuye un presunto mal desempeño en 37 causas, sobre un total de más de 11.000 que, según indicó, tiene a su cargo. Sostuvo que más de 15 de esos expedientes corresponden a 2014 y 2015, antes de su ingreso como fiscal, en octubre de 2019.
“Eran causas que no eran mías, nunca se me habían asignado para trabajar. Simplemente fueron registradas en el sistema con mi nombre y el del fiscal Aiello porque había una obligación de reasignar las causas a los fiscales nuevos. Pero materialmente nunca tuvimos contacto con esas causas”, afirmó.
Según su explicación, los expedientes figuraban en el sistema informático, pero no habían sido comunicados ni asignados de manera efectiva para su intervención. También cuestionó que los fiscales anteriores a quienes se les habían encomendado esas investigaciones no hubieran sido intimados para avanzar con las actuaciones.
Respecto de las causas que sí estuvieron bajo su responsabilidad, Tomasso aseguró que fueron trabajadas y que algunas debían desestimarse por falta de elementos o porque no se había acreditado la existencia de un delito. Como ejemplo, mencionó una investigación por una muerte dudosa en la que, según señaló, se había determinado que el fallecimiento fue natural y descartado la hipótesis de homicidio.
La causa Bruna y el conflicto con el fiscal regional
Tomasso también se refirió a la causa Bruna, una investigación compleja por hechos de abuso sexual que involucró a más de diez víctimas. La fiscal sostuvo que llevó adelante las actuaciones y presentó la acusación para elevar el expediente a juicio, aunque posteriormente fue apartada antes de esa instancia.
La funcionaria señaló que, en 2024, la fiscal general evaluó su desempeño junto con dos fiscales supervisoras y resolvió mantenerla al frente de la investigación, con un esquema de trabajo conjunto por la complejidad del caso.
Tomasso aseguró que hasta ese momento tenía buenas evaluaciones profesionales y que el propio fiscal regional había destacado su desempeño. Sin embargo, afirmó que la relación con Vottero se deterioró a partir de un llamado de atención vinculado con esa investigación.
“Yo le iba dando información a diario de esta causa y él me decía que estaba bien, que estaba conforme con mi trabajo, que siguiera así y que me apoyaba”, relató.
Según su versión, el conflicto comenzó cuando recibió una resolución con un llamado de atención que consideró contradictorio con las conversaciones previas. “Me decís una cosa y después me querés sancionar. Ahí se corta”, expresó.
La fiscal sostuvo que, desde entonces, atravesó distintas situaciones que motivaron una denuncia contra su superior por presunta violencia laboral, violencia psicológica, hostigamiento y discriminación por razones de género.
“Todo lo que yo he relatado en la denuncia que hice en febrero lo puedo acreditar, tiene respaldo con documentación”, aseguró. Además, cuestionó las calificaciones que habrían recibido empleados de la fiscalía propuestos como testigos de su defensa antes de declarar en el proceso disciplinario.
La denuncia contra Vottero y su designación como jueza
Tomasso relacionó el avance del proceso disciplinario con la denuncia que presentó el 2 de febrero de 2026 contra su superior directo. Según manifestó, el 10 de marzo Vottero la denunció por presunto mal desempeño.
“Antes de esa fecha yo era muy buena funcionaria, tenía excelentes calificaciones, me eligió el propio fiscal regional para hacerme cargo de causas complejas y me eligió el gobernador como jueza penal de Rafaela”, sostuvo.
La fiscal recordó que su pliego para ocupar ese cargo había sido aprobado por unanimidad por la Asamblea Legislativa el 25 de septiembre de 2025. Sin embargo, explicó que su designación todavía no se había concretado mediante la firma del decreto correspondiente.
Tomasso afirmó que la investigación disciplinaria podría complicar aún más ese trámite. “Entiendo que, si la sanción me perjudica, posiblemente haya una excusa nueva para no firmar mi designación”, señaló.
Cuestionamientos al proceso y preocupación por su familia
La fiscal también manifestó su disconformidad con la modalidad de su declaración ante la comisión legislativa, que se desarrolló a puertas cerradas. Consideró que, al tratarse de una investigación sobre una funcionaria pública por hechos vinculados con el ejercicio de sus funciones, la instancia debería ser abierta para permitir que la sociedad conozca los argumentos de las partes.
Además, cuestionó la falta de precisiones sobre los plazos para resolver el procedimiento disciplinario, que podría derivar en una sanción, una suspensión o una eventual destitución.
“Dentro de las irregularidades que yo advierto en el proceso disciplinario está la de no tener certeza en cuánto tiempo se va a resolver una situación tan importante para una persona como la de saber sobre su presente y futuro laboral inmediato, y el de la vida de toda una familia que la acompaña”, afirmó.
Por último, contó: “Mi familia está padeciendo esta situación terriblemente. Mi hija mayor estuvo con ataques de pánico la noche anterior a que yo tuviera que declarar”.
