La Cámara de Diputados aprobó este miércoles un proyecto de ley que establece un nuevo esquema de protección social para las personas con discapacidad y reemplaza el régimen de emergencia vigente. La iniciativa reunió 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, con el respaldo de distintos bloques opositores, entre ellos legisladores peronistas.
El texto, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, deberá ser tratado ahora por el Senado para obtener la sanción definitiva.
La propuesta retoma buena parte de las prestaciones y los beneficios contemplados en la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero elimina su carácter transitorio para establecer un marco permanente, que no dependa de sucesivas prórrogas.
Las negociaciones previas incluyeron reuniones entre representantes de Unión por la Patria y organizaciones vinculadas a la discapacidad. Durante el debate, el jefe del bloque peronista, Germán Martínez, sostuvo que el proyecto aprobado incorpora el 75% de los contenidos de la ley de emergencia y lo definió como un punto de partida perfectible.
Desde La Libertad Avanza, la diputada Laura Rodríguez Machado destacó los acuerdos alcanzados entre los distintos espacios políticos para avanzar con la iniciativa.
Qué beneficios contempla la nueva ley
Uno de los puntos que se mantienen es la compatibilidad entre el cobro de una pensión por discapacidad y el acceso a un empleo formal o al monotributo, siempre que se respeten determinados límites de ingresos.
El esquema contempla una prestación equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo para titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD), bajo las condiciones establecidas en la normativa.
En materia presupuestaria, el proyecto establece que la asignación destinada al Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la correspondiente al ejercicio fiscal anterior. La disposición apunta a fijar un piso de financiamiento para las políticas del área.
Auditorías y pago de deudas a prestadores
La iniciativa también prevé auditorías periódicas y cruces de información entre organismos estatales, entre ellos la Anses, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (Renaper).
Estos controles deberán realizarse bajo el principio del debido proceso inclusivo, con garantías para las personas alcanzadas por las evaluaciones.
Además, a pedido de bloques aliados, se incorporó una cláusula transitoria que obliga a establecer un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a prestadores de servicios para personas con discapacidad. El Poder Ejecutivo tendrá un plazo máximo de 30 días para reglamentar ese mecanismo.
Tras la aprobación en Diputados, el Senado deberá definir si convierte el proyecto en ley y establece así un nuevo marco permanente para las políticas de protección social destinadas al sector.
