El Gobierno nacional decidió apelar el fallo del juez federal Martín Cormick que ordenó la aplicación inmediata de la ley de financiamiento universitario y cuestionó una disposición del decreto mediante el cual el Poder Ejecutivo había condicionado su implementación.
La Procuración del Tesoro será la encargada de avanzar con el recurso, que será presentado en los próximos días. Mientras tanto, el Ejecutivo analiza también distintas alternativas legales y presupuestarias frente al impacto que tendría la aplicación de la norma.
La resolución judicial surgió a partir de los amparos colectivos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otros sectores vinculados al sistema universitario.
Cormick ordenó al Gobierno cumplir de manera inmediata con la legislación y avanzar con las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para ponerla en vigencia.
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Qué cuestionó el juez
El punto central de la resolución está vinculado con el Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno promulgó la ley, pero estableció que su ejecución quedaba condicionada a que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento y contemplara las partidas correspondientes en el Presupuesto nacional.
Para el magistrado, esa condición no resulta razonable y limita la aplicación de una ley que había sido aprobada por el Congreso incluso después de que el Poder Ejecutivo intentara vetarla.
Cormick declaró inconstitucional la parte del decreto que establecía esa condición y sostuvo que el Ejecutivo no podía supeditar la aplicación de la norma a una decisión presupuestaria posterior.
A partir de esa resolución, el Gobierno deberá definir su estrategia judicial mientras avanza la apelación.
Qué establece la ley de financiamiento universitario
La norma contempla recursos para el funcionamiento de las universidades nacionales, la recomposición de los salarios de docentes y no docentes y el financiamiento de becas, investigación y hospitales universitarios.
De acuerdo con una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la aplicación de la ley tendría un impacto fiscal equivalente al 0,23% del Producto Bruto Interno.
Ese costo presupuestario es uno de los principales argumentos que el Gobierno analiza de cara a la apelación. Desde el Ejecutivo sostienen que el Congreso debe establecer de dónde surgirán los recursos necesarios para afrontar las obligaciones previstas por la legislación.
En paralelo, la Casa Rosada estudia cómo instrumentar los fondos contemplados en la ley en caso de que la obligación de aplicarla se mantenga durante el proceso judicial.
Nueva Marcha Federal Universitaria
La decisión judicial fue recibida favorablemente por sectores universitarios y gremiales, que consideran que la resolución permite avanzar con la implementación de la ley.
En ese marco, las organizaciones del sector ratificaron la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria para el próximo 15 de octubre.
Mientras el Gobierno prepara la apelación, el conflicto por el financiamiento de las universidades vuelve a quedar planteado en dos escenarios: el judicial, por la aplicación de la ley, y el presupuestario, por los recursos que serían necesarios para cumplir con sus disposiciones.
