La Cámara de Diputados de Santa Fe otorgó media sanción al paquete de reformas en materia de seguridad impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro. La iniciativa fue aprobada con 37 votos afirmativos y 11 negativos, sin abstenciones, luego de un extenso debate y de una serie de negociaciones entre los distintos espacios políticos.
El entendimiento entre representantes de la Unión Cívica Radical (UCR) y el socialismo permitió destrabar las diferencias que mantenían ambos sectores sobre algunos de los puntos más controvertidos del proyecto. Las conversaciones se extendieron hasta la noche del miércoles y continuaron durante el jueves, antes de que el plenario de las comisiones de Seguridad Pública y Asuntos Constitucionales emitiera un dictamen consensuado.
El acuerdo también incorporó modificaciones solicitadas por el Poder Ejecutivo provincial y por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. De esta manera, el texto llegó al recinto con cambios sustanciales respecto de la propuesta original.
Con la aprobación de la Cámara baja, la iniciativa deberá ser tratada ahora por el Senado provincial. Si obtiene el respaldo de la Cámara alta, se convertirá en ley.
Los cambios que permitieron alcanzar el acuerdo
La reforma modifica alrededor de media docena de normas provinciales, entre ellas el Código Procesal Penal y las leyes de inteligencia, de Defensa y orgánica de la Policía.
Entre los puntos que concentraron las mayores diferencias durante la negociación se encontraban las facultades policiales, las declaraciones de personas imputadas y los procedimientos de allanamiento.
Uno de los cambios centrales fue la eliminación de las zonas de intervención policial especial, que en el proyecto original contemplaban controles de acceso, requisas vehiculares, restricciones a la circulación y demoras de hasta 48 horas para identificar personas.
También se descartó la posibilidad de que la Policía tomara declaraciones a imputados sin la presencia obligatoria de un abogado defensor. El texto mantiene la posibilidad de que el fiscal reciba declaraciones informativas sin asistencia letrada, aunque bajo mayores garantías y sin que puedan utilizarse como prueba de cargo.
En materia de allanamientos, se conservaron los nueve supuestos excepcionales contemplados en el proyecto, pero se incorporó un mecanismo de control judicial de oficio dentro de las 24 horas para los casos previstos en los incisos 5 al 9.
Qué otras modificaciones contempla la reforma
Además de los cambios acordados durante las negociaciones, el proyecto aprobado por Diputados incorpora modificaciones en distintos aspectos del procedimiento penal y del sistema de seguridad provincial.
Entre las principales disposiciones se destacan:
- Mayores garantías para los juicios en rebeldía: se establecen requisitos adicionales, como autorización judicial, intervención de un defensor, una audiencia previa con la víctima y registro audiovisual del proceso.
- Participación de víctimas y querellantes: se habilita a los querellantes a intervenir en la audiencia imputativa, formular preguntas y aportar elementos. También se reconoce expresamente el derecho de las víctimas a ser escuchadas.
- Modificaciones en la acusación fiscal: se reincorpora la posibilidad de que la Fiscalía formule acusación después de la audiencia imputativa o cuando se haya autorizado la realización de un juicio en rebeldía.
- Restricciones para admitir pruebas irregulares: se elimina la referencia a evitar daños graves a la integridad física propia como justificación para admitir este tipo de pruebas. Se mantiene la protección de terceros.
- Intervención sobre inmuebles vinculados con actividades ilícitas: se conserva la facultad de desalojar, demoler, desmontar o bloquear propiedades relacionadas con actividades ilegales, con instancias de revisión judicial.
- Régimen penitenciario agravado: continúa la posibilidad de aplicar medidas especiales a internos considerados una amenaza grave para la seguridad pública. Entre ellas figuran el aislamiento individual y la suspensión de visitas y comunicaciones, con posibilidad de revisión judicial.
- Límites a las tareas de inteligencia: las actividades que puedan afectar sustancialmente la privacidad o intimidad de las personas requerirán autorización judicial. Además, se establece una diferenciación entre las tareas de prevención y las investigaciones penales.
El proyecto continúa su recorrido legislativo
La media sanción representa un avance para el Gobierno provincial, que busca establecer un nuevo marco normativo en materia de seguridad. Sin embargo, el texto aprobado en Diputados es el resultado de las modificaciones incorporadas durante el debate legislativo y de los acuerdos alcanzados entre los distintos sectores.
La definición quedará ahora en manos del Senado santafesino, que deberá analizar la iniciativa y decidir si respalda los cambios introducidos por la Cámara baja.
