Las oficinas del empresario Christian Bragarnik fueron allanadas este lunes a causa de una denuncia de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) realizada en octubre. El motivo es su supuesto vínculo con la barra brava de Independiente.
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Al representante de futbolistas y entrenadores el fiscal Sebastián Scalera lo acusa de financiar a la hinchada del Rojo a cambio de que no insulten ni critiquen a sus clientes. El destituido juez Luis Carzoglio había rechazado el pedido, pero su reemplazante Brenda Madrid -la misma que ordenó la revisión en el Sindicato de Camioneros- aprobó el pedido.
Las dependencias del agente, que maneja la carrera de más de 100 futbolistas y 15 técnicos, fueron allanadas en Puerto Madero, en simultáneo con la sede del gremio que comanda Hugo Moyano, presidente de Independiente, en Constitución.
