Las medidas anunciadas fueron cuatro. En primer lugar, la extensión de los vencimientos de deuda de corto plazo, sólo a inversores institucionales, que representan el 10% de la cantidad de tenedores y el 85% del stock. Hacienda aclaró que el 15% de esos vencimientos se pagará en la fecha original, el 25% a tres meses y el 60% a seis meses. En segundo lugar, el envío al Congreso de un proyecto de Ley para promover el canje voluntario de deuda bajo jurisdicción local, sin quita de capital ni intereses. Tercero, la invitación a partir de hoy, a bancos de inversión extranjeros, a realizar propuestas convenientes para un canje de bonos con legislación extranjera. Y cuarto, el comienzo del diálogo con el FMI para reperfilar los vencimientos generados por el acuerdo stand by.
Todas las medidas generan aplazamientos de los pagos. Esas obligaciones le quedarán ahora al próximo gobierno. El primero de los cuatro puntos fue el que generó lecturas inmediatas de default técnico. Eso ocurrió en la propia sala de conferencias de prensa del quinto piso del Palacio de Hacienda, en la que Lacunza realizó el anuncio. A su término, consultado por ello, un alto funcionario de la Secretaría de Finanzas fue enfático. Puso cara de sorpresa, alzó el tono de voz y dijo: “Esto no es default porque no se incumple ningún contrato”.
Los analistas afirman: un sólo argumento permite defender esa lectura y es que la promesa del Gobierno de que no habrá quita de capital ni de intereses. Es decir, los nuevos papeles indicarán que los tenedores cobrarían todo cuando se cumplan los nuevos plazos, incluso la capitalización de intereses. Luego, la interpretación más difundida fue que las medidas interrumpen los plazos pactados y que por ende hay incumplimiento de los contratos asumidos. La expectativa es que las calificadoras de riesgo declaren el default técnico ante el primer incumplimiento, que será mañana.
Durante la conferencia, las lentes fotográficas volvieron a captar la letra de los papeles con los que Lacunza se dispuso a enfrentarse a las preguntas. Se pudo observar en ellos que el ministro y su equipo de asesores prepararon un cuestionario de posibles cuestionamientos de la prensa. Entre ellas se leyó una pregunta clave: “¿Qué pasa si la Corte detiene las medidas anunciadas?”. La respuesta pautada sostenía: “No esperamos un fallo negativo, en todo caso podrá haber una instancia donde les mostraremos el impacto positivo de las mismas”.
