En el marco del proceso de reforma constitucional que atraviesa la provincia de Santa Fe, el Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP) elevó su postura institucional reclamando la inclusión expresa del Ministerio Público de la Defensa en el nuevo texto de la Carta Magna, con autonomía funcional, autarquía financiera y plena independencia de los tres poderes del Estado.
En diálogo con EME, la defensora provincial Estrela Moreno Robinson brindó datos reveladores que refuerzan el pedido: “En Santa Fe hay 11.800 personas privadas de su libertad, y 9 de cada 10 son defendidas por el sistema público”. Con ese escenario, insistió en la necesidad de fortalecer estructuralmente el organismo para garantizar una defensa técnica efectiva, especialmente para los sectores más vulnerables.
“La defensa tiene que tener libertad para actuar sin represalias, ni condicionamientos. Para garantizar que cada una de las funciones de juzgar y defender se hagan correctamente, hay que asegurar la autonomía institucional”, explicó Moreno Robinson. A su vez, sostuvo que en la actualidad, la Corte Suprema provincial condiciona esa autonomía, ya que conserva una jerarquía que limita la independencia plena del organismo.
Desde el SPPDP proponen incorporar a la Constitución puntos clave, como:
- Reconocer a la Defensa Pública como un organismo autónomo, independiente de los tres poderes.
- Incluir sus funciones esenciales: defensa técnica, acceso a la justicia y asistencia jurídica integral.
- Brindar capacidad para gestionar su propio presupuesto y establecer un piso presupuestario garantizado.
- Asegurar mecanismos técnicos y autónomos para la selección y remoción de defensores, conforme a estándares nacionales.
- Equiparar condiciones laborales y previsionales de sus trabajadores con las del Poder Judicial.
“La voz del defendido tiene que ser escuchada con fuerza y preparación. Una defensa pública sólida no solo garantiza el derecho individual, sino también fortalece la democracia y el estado de derecho”, concluyó la defensora.
La propuesta cuenta con sustento legal, ya que la Ley N.º 14.384 habilita el tratamiento de la autonomía del Ministerio Público de la Defensa en la Convención Constituyente. Desde el SPPDP aseguran que su reconocimiento constitucional es un paso clave hacia una justicia más equitativa, accesible e independiente en la provincia.
