El reciente Decreto N° 538/2025, publicado a comienzos de este mes, ha generado una ola de preocupación en diversas provincias argentinas, al disolver la comisión que históricamente se encargaba de actualizar el Código Alimentario Argentino (Ley 18.284). Esta ley regula la elaboración, transporte, manipulación y consumo de alimentos en todo el país, y establece normas sobre los ingredientes, conservantes y concentraciones permitidas en cada producto alimenticio.
El decreto otorga ahora a dos organismos nacionales, el ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) y el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), la facultad de modificar el Código Alimentario. La medida elimina la participación activa de las provincias, que anteriormente tenían representación a través de una comisión integrada por autoridades de las 24 jurisdicciones del país.
Según Eduardo Elizalde, secretario de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria, esta reforma pone en riesgo no solo la inclusión de productos regionales en el código, sino también la diversidad productiva de Argentina. «En el pasado, la comisión reflejaba la realidad productiva de todo el país. Hoy, al eliminarse la participación de las provincias, el proceso de actualización del código queda alejado de las producciones regionales», explicó Elizalde.
Elizalde también advirtió sobre los peligros sanitarios derivados de la medida, haciendo referencia al Decreto N°35, promulgado a principios de 2025, que permitió la importación de productos alimenticios sin el debido control sanitario. «Esto coloca en peligro la salud pública, ya que productos como los alimentos libres de gluten pueden no cumplir con los mismos estándares de calidad y seguridad que exigen las normativas nacionales», subrayó.
El especialista añadió que este cambio en la estructura de la normativa contradice el artículo 20 del Código Alimentario, el cual establece que las provincias deben participar en la modificación de la ley, un derecho que se remonta a la creación de la ley en 1979. Ante este panorama, los representantes provinciales ya han comenzado a solicitar al gobierno nacional una mayor participación en la actualización del Código, aunque Elizalde reconoció que revertir el decreto será complicado.
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