En una sesión con fuerte impacto institucional y político, el Senado de la Nación dejó sin efecto el veto presidencial a la ley que declara la emergencia en materia de discapacidad. La decisión fue respaldada por 63 votos afirmativos y sólo 7 negativos, marcando un nuevo revés para el Gobierno nacional y reinstaurando la vigencia de una normativa que había sido objetada por el presidente Javier Milei.
La votación expuso, una vez más, la debilidad parlamentaria del oficialismo, que no logró impedir el avance de una oposición heterogénea. Legisladores del kirchnerismo, la UCR, el PRO y fuerzas provinciales coincidieron en la necesidad de sostener una ley que introduce mejoras en el acceso a pensiones no contributivas, actualiza aranceles del sector y establece compensaciones económicas para personas con discapacidad.
La ley estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Su objetivo es dar respuesta a las múltiples urgencias que atraviesa un colectivo históricamente relegado, en un contexto de alta inflación y políticas de ajuste que han afectado especialmente a los sectores más vulnerables.
Un hecho inédito en más de dos décadas
El rechazo del veto presidencial representa un hito: es la primera vez en más de 20 años que el Congreso logra desactivar un veto emitido por el Poder Ejecutivo. Para hacerlo, fue necesario alcanzar los dos tercios de los votos, lo que evidencia la capacidad de articulación de la oposición frente a un Gobierno que ha perdido margen de maniobra en el ámbito legislativo.
La sesión no fue presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel —quien se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Milei al exterior—. En su lugar, la conducción del debate recayó en el senador libertario Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado.
