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viernes, diciembre 5, 2025
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Prisión domiciliaria para tres empleados del Correo Argentino acusados de contrabando en Rosario

La Justicia los investiga por haber montado un “servicio paralelo” para entregar encomiendas internacionales sin control aduanero. A cambio cobraban la mitad de los tributos que correspondían en el circuito legal.

Además

El juez federal Eduardo Rodrígues da Cruz resolvió que tres empleados del Correo Argentino enfrenten en prisión domiciliaria el proceso en el que están acusados de contrabando agravado. La causa, impulsada por la fiscal federal Soledad García, los señala como responsables de organizar un circuito ilegal de ingreso de encomiendas internacionales en Rosario, en connivencia con algunos importadores.

Según la acusación, los implicados sustraían directamente paquetes que llegaban desde el depósito de Monte Grande para entregarlos a los destinatarios sin pasar por la Aduana ni abonar los tributos correspondientes. A cambio, cobraban un “canon paralelo”: el 50% de lo que se debía pagar de manera legal.

Los imputados son el jubilado Hugo L., ex encargado de la sección de encomiendas internacionales; Eduardo C., jefe del Nodo Rosario; y su pareja, Maia L., quien coordinaba con los destinatarios y cobraba los pagos. También está involucrado Juan A., quien no se presentó a tiempo en la audiencia y cuya situación procesal será definida en los próximos días.

La fiscalía aseguró que las maniobras comenzaron al menos en enero de 2023 y que se detectaron, hasta el momento, tres usuarios del sistema ilegal. Uno de ellos es un comerciante de Arroyo Seco, con local en Rosario, que había importado juguetes y álbumes musicales por un valor de 155 mil dólares.

Las pruebas incluyen chats, transferencias en pesos y dólares a través de billeteras virtuales, y referencias explícitas al cobro de tarifas y la logística para la entrega de las encomiendas. El delito encuadra en contrabando agravado con tres agravantes: participación de más de tres personas, intervención de empleados públicos y un perjuicio económico superior a los tres millones de pesos.

El juez dispuso que los tres acusados sigan el proceso en prisión domiciliaria, mientras que otros tres ciudadanos que recibían los productos también quedaron vinculados a la causa.

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