Un relevamiento realizado entre 2.118 abogados y abogadas de la Argentina dejó al descubierto una mirada mayoritariamente crítica sobre el funcionamiento del Poder Judicial. Según los resultados, el 75% de los profesionales considera que la Justicia es “lenta” o “muy lenta”, mientras que la evaluación general del sistema apenas alcanza un promedio de 5 puntos sobre 10.
El estudio, titulado “¿Qué piensan abogadas y abogados sobre el funcionamiento de la Justicia?”, fue elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) junto al Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF). El informe recoge percepciones sobre aspectos clave como la calidad de las sentencias, la independencia judicial, los tiempos de los procesos, la regulación de honorarios y la comunicación con juzgados y tribunales.
La encuesta se centró en profesionales que litigan en el fuero nacional y federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes opinaron a partir de cinco ejes temáticos. El diagnóstico general muestra una satisfacción apenas moderada, atravesada por una creciente desconfianza en el sistema.
Uno de los puntos más sensibles es la independencia judicial. En este aspecto, la calificación promedio fue de 4,6, con un dato alarmante: uno de cada diez abogados considera que la Justicia no es “nada independiente”. Esta percepción refuerza la idea de un Poder Judicial condicionado y alejado de la confianza plena de quienes trabajan a diario en sus estrados.
Sin embargo, la crítica más contundente recae sobre los tiempos procesales. Más del 75% de los encuestados calificó los plazos de tramitación como excesivos, con especial énfasis en los fueros Laboral, de la Seguridad Social y Civil y Comercial Federal, donde las percepciones negativas alcanzaron picos de 89,5%, 84,4% y 82,3%, respectivamente. A esto se suma que casi el 60% de quienes solicitaron medidas cautelares consideró que se dictan con demoras injustificadas.
El relevamiento también expuso una paradoja institucional: el 79% de los abogados afirmó haber observado situaciones que podrían constituir mal desempeño judicial, principalmente vinculadas a demoras excesivas, falta de aplicación de la ley o parcialidad en las decisiones. No obstante, solo el 3,5% realizó denuncias ante el Consejo de la Magistratura. Entre quienes optaron por no hacerlo, predomina la desconfianza en la eficacia del organismo, señalada por el 59% de los consultados.
En cuanto a la calidad técnica de las sentencias, las opiniones se ubicaron en un punto intermedio: cerca del 40% emitió valoraciones positivas, el 45,8% las consideró regulares y algo más del 15% las evaluó negativamente.
Otro aspecto que genera malestar es la regulación de los honorarios profesionales. El 40% de los encuestados sostuvo que los montos fijados están por debajo de los parámetros legales, una percepción que se intensifica entre socios de estudios jurídicos, abogados independientes y representantes de organizaciones de la sociedad civil.
Desde las entidades impulsoras del estudio remarcaron que estos datos constituyen un insumo clave para el debate público. “Esta primera aproximación a las perspectivas de abogados y abogadas es imprescindible para profundizar las propuestas de reforma que promovemos en pos de una Justicia de calidad”, concluye el informe.
El diagnóstico deja una señal clara: quienes conocen el sistema desde adentro advierten falencias estructurales que desafían al Poder Judicial y reabren la discusión sobre la necesidad de cambios profundos para recuperar eficiencia, credibilidad y confianza social.
