El juez del concurso preventivo de Algodonera Avellaneda S.A., Fabián Lorenzini, autorizó la continuidad del acuerdo comercial con Vicentin SAIC para el procesamiento de algodón, aunque impuso condicionamientos relevantes y dejó sin efecto varios puntos del contrato original.
La resolución fue firmada este 1° de abril en los tribunales de Reconquista, en medio del proceso concursal que atraviesa la empresa y luego de observaciones planteadas tanto por la sindicatura como por el comité de acreedores.
En su fallo, el magistrado habilitó los contratos de fason para la campaña 2026, al considerar que esa modalidad forma parte del giro habitual de la firma y representa una alternativa concreta para sostener la actividad en un contexto de fuerte crisis financiera.
De todos modos, dejó en claro que la autorización no implica una validación integral del acuerdo tal como había sido redactado inicialmente. Por el contrario, remarcó que la habilitación es parcial, bajo revisión y con intervención judicial.
En ese sentido, el fallo sostiene que el convenio aparece como la única posibilidad inmediata de continuidad para la empresa durante la actual campaña algodonera, pero advierte que eso no habilita a comprometer activos ni a vulnerar derechos de los acreedores.
Entre los puntos más sensibles, el juez declaró inoponibles varias cláusulas del contrato original. Entre ellas, la obligación de vender un inmueble de la empresa, el plazo fijado para concretar esa operación, la forma prevista para utilizar los fondos obtenidos y una opción de compra sobre activos que no contaba con condiciones suficientemente claras.
Según la resolución, esas disposiciones podían afectar el principio de igualdad entre acreedores y comprometer de manera anticipada el patrimonio de la firma concursada.
El contrato había sido cuestionado por establecer condiciones desiguales y trasladar riesgos a Algodonera Avellaneda. A partir de esas observaciones, se incorporó una adenda con modificaciones importantes, como una mayor flexibilidad en la exclusividad, la ampliación del plazo para una eventual venta de un inmueble y la eliminación de la cesión de derechos en garantía.
Aun con esos cambios, el juez decidió mantener una supervisión estricta sobre el acuerdo para evitar que se transforme en una vía de disposición anticipada de bienes en el marco del concurso.
El fallo también subraya la situación crítica de la empresa, que actualmente carece de capital de trabajo y no tiene capacidad de sostener por sí sola su operatoria. En ese escenario, el entendimiento con Vicentin —que contempla un financiamiento inicial de hasta 300 mil dólares— aparece como una herramienta para reactivar plantas, afrontar salarios y retomar parte de la actividad.
Como parte de la resolución, Lorenzini ordenó a la sindicatura la presentación de informes periódicos sobre el funcionamiento, los costos y el mantenimiento de las plantas, con el objetivo de monitorear la viabilidad del esquema aprobado. El primero de esos reportes deberá ser presentado antes del 28 de abril.
Además, dispuso que cualquier cláusula que exceda el marco habitual de este tipo de contratos deberá volver a ser sometida a autorización judicial.
Con esta decisión, la Justicia buscó equilibrar dos objetivos: permitir que la empresa pueda seguir operando en medio de la crisis y, al mismo tiempo, resguardar el patrimonio concursado y los derechos de los acreedores.
