La fiscal de menores Ana Laura Gioria imputó a dos jóvenes de 16 y 18 años por amenazas de atentados en una escuela de Llambi Campbell, en un hecho que marca un antecedente clave en la provincia: son los primeros adolescentes imputados penalmente por este tipo de intimidaciones tras el crimen de Ian Cabrera en San Cristóbal.
La audiencia se llevó adelante en los tribunales de Esperanza, donde fueron acusados J. O. y Yamil Alexander G., este último mayor de edad, por los delitos de amenazas coactivas e intimidación pública en concurso ideal.
Tras la imputación, la Justicia dispuso medidas alternativas a la prisión preventiva, las cuales ya fueron notificadas a las autoridades del establecimiento educativo. En paralelo, la investigación continúa con la búsqueda de un tercer involucrado, un menor de 15 años.
De acuerdo con la investigación, los adolescentes habrían sido identificados a partir de una nota hallada en el baño de la escuela, en la que se leía la frase “devuelvan los celulares o tiroteo”. La principal hipótesis indica que la amenaza estaría vinculada a la prohibición del uso de teléfonos móviles dentro de la institución.
El caso se inscribe en un contexto de fuerte tensión en el sistema educativo santafesino tras el crimen de Ian Cabrera en San Cristóbal, que generó un profundo impacto en la comunidad escolar y un incremento de amenazas en distintas instituciones.
Desde entonces, las autoridades provinciales registraron más de 150 alertas vinculadas a posibles ataques en escuelas en menos de una semana, con al menos siete personas identificadas por hechos de intimidación.
En paralelo, el Ministerio de Justicia y Seguridad implementó un nuevo protocolo para el cobro de los operativos desplegados ante falsas amenazas. Según explicó el ministro Pablo Cococcioni, cada intervención puede costar entre 5 y 6 millones de pesos, desde la activación del 911 hasta la actuación del Ministerio Público de la Acusación.
La resolución 1.201/26 establece un mecanismo de intimación extrajudicial para recuperar esos gastos, con el objetivo de desalentar este tipo de hechos y optimizar el uso de recursos estatales.
El avance de esta causa, con las primeras imputaciones a adolescentes en este contexto, refleja un endurecimiento en la respuesta judicial frente a amenazas que generan alarma social y afectan el normal funcionamiento de las escuelas.
