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El Senado define este jueves si Santa Fe prohíbe la actividad de los cuidacoches

La Cámara alta deberá resolver si acepta las modificaciones introducidas por Diputados o insiste con el proyecto original, que plantea la prohibición de la actividad en la vía pública. La decisión marcará el futuro de una iniciativa que genera un fuerte debate político y social.

Además

La Legislatura de Santa Fe vivirá este jueves una jornada clave para el tratamiento de la denominada ley de cuidacoches. El Senado provincial analizará el proyecto que modifica el Código de Convivencia y deberá decidir si avala los cambios incorporados por la Cámara de Diputados o si insiste con la versión original, que propone la prohibición de la actividad en espacios públicos no autorizados.

En caso de mantener el texto aprobado inicialmente por la Cámara alta, el proyecto necesitará el respaldo de una mayoría especial de dos tercios para convertirse en ley.

 

Dos posturas enfrentadas

La iniciativa impulsada por el senador Ciro Seisas establece la prohibición de la actividad de los cuidacoches y limpiavidrios en la vía pública cuando no exista autorización municipal. Además, contempla trabajos comunitarios y arrestos de entre 10 y 20 días para quienes reincidan en la infracción.

El legislador sostuvo que el objetivo es brindar una herramienta legal a municipios y comunas que vienen reclamando mayor respaldo para intervenir ante situaciones de extorsión o cobro indebido en la vía pública.

«Esta es una ley marco para que los gobiernos locales puedan actuar», sostuvo Seisas, aunque aclaró que la norma por sí sola no resolverá un problema que lleva décadas.

«De ninguna manera una ley de siete artículos va a solucionar en poco tiempo una situación de más de 30 años», afirmó.

 

 

Qué cambió Diputados

La Cámara de Diputados introdujo modificaciones importantes al proyecto original.

En lugar de prohibir de manera general la actividad, el texto aprobado por la Cámara baja solo sanciona a quienes exijan dinero mediante intimidación, amenazas o conductas extorsivas.

Además, la propuesta deja en manos de cada municipio y comuna la decisión de autorizar o prohibir la actividad dentro de su jurisdicción.

El proyecto también incorpora un programa de abordaje social destinado a personas en situación de vulnerabilidad o con consumos problemáticos y prevé la creación de dos nuevos cargos de jueces penales, uno para Rosario y otro para la ciudad de Santa Fe.

 

Definición en la Cámara alta

La decisión que adopte este jueves el Senado será determinante para el futuro de la iniciativa.

Si acepta las modificaciones introducidas por Diputados, el proyecto quedará listo para convertirse en ley. En cambio, si pretende restablecer el texto original, necesitará reunir una mayoría agravada de dos tercios de los votos.

La definición será seguida de cerca tanto por intendentes y presidentes comunales como por distintos sectores políticos y organizaciones sociales, en un debate que combina cuestiones de seguridad, convivencia urbana y políticas de inclusión social.

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