La investigación por la muerte de Mauro González, ocurrida mientras permanecía detenido en la Comisaría 8ª de la ciudad de Santa Fe, dio este viernes un paso clave con la imputación formal de seis efectivos policiales. El fiscal de la Unidad Fiscal de Violencia Institucional, Ezequiel Hernández, les atribuyó los delitos de apremios ilegales, tormentos y tormentos seguidos de muerte.
Durante la audiencia realizada en los Tribunales santafesinos, el representante del Ministerio Público de la Acusación también imputó a los seis agentes por un hecho de apremios ilegales y tormentos contra un menor de edad, en un episodio que, según la investigación, presenta características similares a las del caso González.
La causa se inició tras la detención de Mauro González el 17 de enero de 2026, frente a su vivienda en barrio Yapeyú, luego de un llamado al 911 por un presunto desorden en la vía pública. Desde el primer momento, la familia denunció un uso excesivo de la fuerza durante el procedimiento y sostuvo que el joven fue víctima de violencia institucional.
A lo largo de la investigación, la Fiscalía reunió testimonios de vecinos, registros de cámaras de seguridad, fotografías y videos que buscan reconstruir la secuencia de los hechos. También se incorporó el examen médico practicado tras la detención, en el que se dejaron asentadas lesiones que requerían varios días de recuperación.
La investigación
Uno de los puntos centrales del expediente es que la Justicia había ordenado la liberación de González alrededor de las 22.40 de ese mismo día. Sin embargo, la medida nunca fue ejecutada y, horas más tarde, el hombre fue hallado sin vida dentro de un calabozo de la Comisaría 8ª.
Tras el fallecimiento, la investigación pasó a la Unidad Fiscal de Violencia Institucional, que dispuso la aplicación del Protocolo de Minnesota, el mecanismo internacional utilizado para investigar muertes ocurridas bajo custodia del Estado.
La familia de Mauro González participa del proceso como querellante, con el acompañamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, y sostiene que la investigación debe determinar no solo las causas de la muerte, sino también las responsabilidades derivadas del procedimiento de detención, el traslado, la atención médica y la custodia del detenido.
Con las imputaciones formalizadas, la causa avanza hacia una nueva etapa procesal, en la que la Fiscalía continuará produciendo pruebas para esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades penales de los seis policías investigados.
