En medio de tres postergaciones, más de una veintena de versiones redactadas y fuertes tensiones con los bloques dialoguistas, la Casa Rosada debió dar el brazo a torcer. A días del debate en el Senado, la jefa del bloque de La Libertad Avanza Patricia Bullrich presentará este martes las modificaciones acordadas al proyecto de Propiedad Privada, impulsado inicialmente por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, con el objetivo de conseguir la media sanción.
Su principal obstáculo era el capítulo de la reforma de la Ley de Tierras, que mantenía dividido al oficialismo con los bloques dialoguistas y ponía en riesgo la aprobación del proyecto.
Al principio, la propuesta del Gobierno eliminaba prácticamente todas las restricciones para la compra de tierras por parte de personas y empresas extranjeras. Esto generó un rechazo de los bloques aliados (gobernadores y senadores del interior) que forzó al oficialismo a realizar modificaciones en el texto de la normativa.
El punto central en el que el Gobierno tuvo que ceder fue el que fija un límite para la venta de tierras a extranjeros, que según dispone la legislación actual es de hasta un 15% de las tierras rurales en posesión de una provincia, municipio o Nación.
En su lugar, el nuevo tope rondaría entre el 20% y el 25%, lo que va en contra de la premisa inicial del Ejecutivo, que quería eliminarlo por completo con el argumento de que eso atraería inversiones y facilitaría el desarrollo productivo.
Qué cambios aceptó el Gobierno
Entre las modificaciones acordadas también se incluyó que las provincias tendrán mayor participación en la autorización, regulación o rechazo de esas operaciones dentro de sus territorios, en línea con la Constitución Nacional, que reconoce el dominio provincial sobre los recursos naturales.
Adicionalmente se eliminarán las restricciones por departamento, por lo que el límite quedará establecido a nivel provincial y cada distrito podrá definir su propia normativa.
El acuerdo también contempla que el Estado nacional conserve la facultad de intervenir en zonas de frontera y áreas consideradas estratégicas para la seguridad nacional, mientras que se creará un registro nacional y provincial para identificar las tierras rurales en manos de extranjeros.
Los cambios serán presentados este martes a las 16 en la Cámara Alta en una conferencia que encabezarán la Bullrich y los senadores Agustín Coto y Nadia Márquez, en calidad de titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, respectivamente. El jueves, el Senado tratará el proyecto de Propiedad Privada en una sesión que será clave para el Gobierno.
El proyecto tuvo más de quince versiones y fue postergado en reiteradas ocasiones. Desde el oficialismo señalaron que las modificaciones fueron acordadas para ampliar el respaldo político y permitir que los bloques aliados se sientan representados en el texto.
Qué establece la ley vigente
La legislación actual fija un máximo del 15% de tierras rurales en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental. Dentro de ese porcentaje, los propietarios de una misma nacionalidad no pueden concentrar más del 30% del total extranjerizado.
La norma también establece límites individuales de superficie, que en la zona núcleo equivalen a mil hectáreas, y contiene restricciones para las compras en zonas de frontera y en campos que incluyen cuerpos de agua relevantes.
El proyecto del Gobierno había sido presentado como una herramienta para atraer inversiones y reforzar la seguridad jurídica. Las organizaciones que lo rechazan sostienen, en cambio, que la flexibilización facilitaría la concentración de tierras y pondría recursos naturales estratégicos bajo control extranjero.
En Argentina existen alrededor de 13 millones de hectáreas rurales en manos extranjeras. Aunque representan cerca del 5% del territorio nacional, algunos departamentos ya alcanzan o superan el límite del 15% establecido por la ley.
Jueves de protestas
Mientras el Senado debata la iniciativa, organizaciones sociales, sindicales, ambientales, políticas y de derechos humanos realizarán el jueves una jornada federal contra la reforma.
Simultáneamente al debate en el Senado, la CGT, las dos centrales de trabajadores (CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto a organizaciones campesinas, indígenas y ambientales, convocaron a una movilización frente al Congreso Nacional.
Además de esa protesta en la Capital Federal también se anunciaron actividades en Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Bariloche, San Miguel de Tucumán, Resistencia y Posadas, entre otras ciudades.
En Rosario, la convocatoria comenzará durante la mañana en la plaza San Martín. Las organizaciones locales anunciaron una concentración, intervenciones con sábanas pintadas y una movilización hacia el Monumento Nacional a la Bandera durante la tarde.
Las actividades se realizarán bajo consignas como “Argentina no se vende” y “Las Malvinas son argentinas y el resto del territorio también”.
Fuente: Rosario3
