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miércoles, agosto 12, 2026
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Polémica en Piñero: un narco preso pidió autorización para realizarse un tratamiento de fertilidad

El interno de alto perfil Jonatan Riquelme solicitó realizarse un espermograma, ya sea dentro de la cárcel o en una clínica privada donde su pareja lleva adelante un tratamiento de fertilización asistida. Desde el Gobierno provincial cuestionaron el pedido por el operativo de seguridad que implicaría un eventual traslado y remarcaron que la decisión final corresponde a la Justicia.

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Un pedido presentado por un interno de alto perfil alojado en la cárcel de Piñero generó un nuevo cruce en torno a los traslados de personas privadas de su libertad. Se trata de Jonatan Riquelme, quien solicitó autorización para realizarse un espermograma, en el marco de un tratamiento de fertilización asistida que lleva adelante su pareja.

El pedido contempla dos alternativas: que el estudio pueda realizarse dentro de la unidad penitenciaria o que el interno sea trasladado hasta una clínica privada especializada en fertilidad.

La situación quedó bajo análisis judicial, que solicitó al Servicio Penitenciario un informe para determinar la viabilidad del procedimiento y las condiciones necesarias para concretarlo.

El Gobierno cuestionó el eventual traslado

Desde el Gobierno de Santa Fe plantearon reparos principalmente vinculados con las condiciones de seguridad que requiere el traslado de un interno considerado de alta peligrosidad.

Funcionarios del área de Seguridad cuestionaron que recursos policiales y penitenciarios deban destinarse a un operativo de estas características y remarcaron que el estudio solicitado no constituye, según su interpretación, una urgencia médica.

«Consideramos muy importante concentrarnos en la seguridad de la sociedad y no en las intenciones de procreación de un narcocriminal», señalaron desde la administración provincial.

El planteo oficial apunta especialmente al despliegue que implicaría sacar a Riquelme de la unidad penitenciaria para trasladarlo hasta una clínica privada, debido a la cantidad de efectivos y recursos que deberían afectarse para garantizar la seguridad durante el recorrido, la permanencia en el establecimiento médico y el posterior regreso al penal.

De todos modos, la última palabra sobre el pedido no la tendrá el Poder Ejecutivo, sino la Justicia, que deberá evaluar tanto el derecho del interno a recibir atención vinculada con su salud como las condiciones de seguridad necesarias para llevar adelante el procedimiento.

Dos alternativas bajo análisis

La posibilidad de realizar el espermograma dentro de la cárcel aparece como una alternativa para evitar un traslado externo, aunque también deberá determinarse si existen las condiciones médicas y técnicas necesarias para concretar el estudio en la unidad penitenciaria.

En caso de que esto no sea posible, la otra opción sería trasladar al interno a un centro especializado. Allí entraría en consideración el operativo de seguridad requerido y los recursos que deberían afectarse para garantizar que el procedimiento se realice sin riesgos.

El informe solicitado al Servicio Penitenciario deberá aportar elementos para que la Justicia pueda resolver el planteo.

Otro golpe al entramado financiero de Los Monos

En paralelo, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, se refirió a otro avance de las investigaciones contra el crimen organizado en la provincia.

El funcionario destacó la reciente detención de un hombre señalado como presunto contador y operador financiero de la banda Los Monos. Según explicó, el procedimiento fue resultado de una investigación desarrollada de manera conjunta entre la Policía de Investigaciones y la Justicia Federal, con foco en el entramado económico de la organización.

De acuerdo con la información brindada por el ministro, el sospechoso habría cumplido funciones vinculadas con el gerenciamiento económico y logístico de la estructura criminal, además de estar relacionado con maniobras de lavado de activos y tráfico de armas.

Cococcioni sostuvo que las investigaciones contra las organizaciones narcocriminales deben apuntar no solamente a quienes ejecutan los delitos, sino también a quienes sostienen económicamente sus estructuras.

«Desmantelar una organización criminal requiere golpear todos sus niveles, desde los sicarios hasta los beneficiarios finales de la operación», afirmó.

Mientras avanzan esas investigaciones, en el caso de Riquelme la Justicia deberá definir si autoriza el estudio solicitado y, eventualmente, bajo qué modalidad podría realizarse, teniendo en cuenta tanto la situación penitenciaria del interno como las condiciones de seguridad del operativo.

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