La situación judicial derivada de la investigación sobre un hogar clandestino para adultos mayores en Santa Fe volvió a poner bajo la lupa los mecanismos de control que debe ejercer el Estado municipal sobre las residencias geriátricas.
En ese contexto, el concejal Ignacio “Nacho” Laurenti volvió a reclamar respuestas al Ejecutivo municipal y recordó que hace un año el Concejo aprobó un pedido de informes de su autoría para conocer el funcionamiento del Observatorio de Hogares para Adultos Mayores y la situación de las residencias que funcionan en la ciudad.
La iniciativa fue presentada en julio de 2025 y aprobada por unanimidad en agosto de ese año. Sin embargo, según señaló Laurenti, transcurridos 12 meses el Ejecutivo todavía no remitió la información solicitada.
“Nosotros hace un año atrás, o un poquito más de un año, ingresamos un pedido de informe. Tiene fecha de ingreso en julio de 2025. Rápidamente fue aprobado en las distintas comisiones por todos los concejales y se aprobó en agosto del año pasado en el Concejo. Hace un año. La respuesta todavía desde el Ejecutivo nunca llegó”, sostuvo el edil en EME.
Qué debía controlar el Observatorio
Laurenti explicó que el Observatorio de Hogares para Adultos Mayores fue creado mediante una ordenanza sancionada en 2018 y que entre sus funciones se encuentra el seguimiento de las condiciones edilicias y de higiene de estos establecimientos, aspectos que corresponden al ámbito municipal.
La cuestión sanitaria, aclaró, es competencia de la Provincia, aunque el propio Observatorio debería permitir una articulación entre ambos niveles del Estado para garantizar controles integrales.
“Entre sus funciones debía tener el control de la parte que le corresponde a la Municipalidad, que es la edilicia y de higiene. Sacamos la salud porque la intervención es provincial por la parte de la salud, pero también entre sus funciones este observatorio debería generar articulaciones con Provincia para los controles completos de todo lo que sucede”, explicó.
Además, sostuvo que debería existir un canal oficial para que los vecinos puedan denunciar establecimientos que funcionen sin autorización.
“También debería haber un canal oficial para realizar las denuncias por situaciones que podrían ser, como en este caso, un hogar clandestino”, afirmó.
Qué información reclama el Concejo
El pedido de informes aprobado el año pasado no se limitaba al funcionamiento del Observatorio. También buscaba obtener un mapa concreto de las residencias destinadas a adultos mayores que funcionan en Santa Fe.
Entre otros puntos, se solicitó conocer cuántos establecimientos están habilitados, dónde se encuentran, en qué barrios están distribuidos, cuántas personas alojan y con qué frecuencia se realizan las inspecciones.
“Nosotros preguntábamos también cuántos lugares había habilitado, cuáles son los barrios, en qué lugares están y la cantidad de personas que hay allí alojadas”, detalló Laurenti.
El objetivo, explicó, es que esa información también esté disponible para las familias que deben decidir dónde institucionalizar a un adulto mayor.
“Esto también surgió de la preocupación de algunos vecinos que no sabían si un lugar donde había personas estaba habilitado o no”, señaló.
En ese sentido, remarcó que conocer cuáles son los establecimientos autorizados permite contar con mayores garantías respecto de las condiciones de seguridad, higiene y funcionamiento.
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“Tal vez no hubiésemos tenido personas en ese clandestino”
Para Laurenti, contar con esa información en tiempo y forma podría haber contribuido a detectar situaciones irregulares antes de que tomaran estado público.
“Tal vez si lo hubiesen respondido en tiempo y forma, es decir, estos lugares son los que nosotros tenemos relevados que están habilitados, tal vez no hubiésemos tenido personas en ese clandestino”, sostuvo.
El concejal insistió en que el pedido no fue impulsado únicamente desde un sector político, sino que contó con el respaldo de todo el cuerpo legislativo.
“Los 17 concejales aprobaron este pedido de informe. No es solo para nosotros, los concejales. Es para bajarlo a la sociedad”, afirmó.
El control sobre el Ejecutivo y la falta de respuestas
Laurenti también cuestionó las demoras en las respuestas a los pedidos de informes y remarcó que el acceso a la información es una herramienta fundamental para que el Concejo pueda cumplir con su función de control.
“Una de las funciones del concejal es el control sobre el Ejecutivo. ¿Cómo lo controlamos? Si no encontramos la información, la solicitamos”, explicó.
Según detalló, una vez aprobado un pedido de informes existe un plazo razonable para que la repartición correspondiente responda.
“Tiene un período prudencial que, en teoría, son 10 días hábiles desde que llega a la repartición que debe, o a la oficina que debe enviar esa respuesta”, indicó.
Y agregó: “Con un mes es más que suficiente. Pongámosle dos meses si queremos ser generosos”.
El pedido de respuestas por escrito
Otro de los cuestionamientos del concejal está relacionado con la modalidad de respuesta que, según indicó, muchas veces utiliza el Ejecutivo municipal frente a los pedidos de informes.
“Muchas veces cuando se hacen pedidos de informe, dicen: ‘Mirá, lo canalizamos con una reunión con los funcionarios del área’. Bueno, los funcionarios del área nos cuentan, pero nosotros necesitamos también el papel donde nos están respondiendo”, planteó.
Para Laurenti, las reuniones no reemplazan la obligación de brindar información formal y documentada.
“Nosotros tenemos que tener también esa información plasmada en un escrito donde diga qué es lo que hay, para poder decir: ‘Esto es lo que nos respondieron’”, sostuvo.
Qué se sabe del sumario administrativo
Respecto del caso del hogar clandestino que derivó en la investigación judicial, Laurenti aclaró que el Concejo no recibió información oficial del Ejecutivo y que los datos que conoce surgieron de publicaciones periodísticas.
“Nosotros información oficial a nosotros no nos han dado desde el Ejecutivo todavía. Escuchamos en los medios de comunicación, leímos que hay un sumario administrativo sobre algunos empleados que estarían involucrados y demás”, señaló.
El edil pidió que tanto la investigación judicial como el sumario administrativo avancen y que, si se determinan responsabilidades, se apliquen las sanciones correspondientes.
“Esperemos la Justicia actúe, este sumario administrativo se lleve adelante, y si hay personas responsables que han cometido alguna falta, alguna infracción, paguen como deben pagar”, afirmó.
La discusión vuelve a poner el foco en los controles
La prisión preventiva dictada contra la responsable del establecimiento no autorizado reavivó así un reclamo que Laurenti había planteado antes de que el caso tomara trascendencia pública.
El concejal consideró que la prioridad ahora debe ser conocer con precisión cuántos hogares funcionan en la ciudad, cuáles están habilitados y qué controles se realizan sobre ellos.
“Proteger a nuestros adultos mayores requiere presencia constante del Estado y controles estrictos en el territorio”, sostuvo.
Y concluyó: “Conocer cómo está funcionando el Observatorio y acceder a esos datos es fundamental para prevenir situaciones de riesgo y llevar tranquilidad a las familias santafesinas”.
