El Concejo Municipal de Santo Tomé aprobó la autorización para avanzar con la prestación de los servicios de agua potable y cloacas por parte de Aguas Santafesinas (ASSA). La iniciativa reunió los seis votos necesarios, con el respaldo del oficialismo y La Libertad Avanza, mientras que los tres concejales justicialistas presentaron una propuesta alternativa para exigir más información y controles antes de concretar la transferencia.
En diálogo con EME, el concejal justicialista Rodrigo Alvizo aclaró que la postura de su bloque no fue oponerse al cambio de prestador, sino reclamar precisiones sobre las condiciones en las que se realizará.
“Nosotros no votamos en contra del traspaso, solo que requerimos información para el traspaso, que es distinto”, explicó.
El edil cuestionó que la autorización se haya aprobado sin documentación suficiente sobre la deuda que el Municipio mantiene con ASSA, las inversiones necesarias para mejorar el servicio y los términos del futuro convenio entre ambas partes.
“Sin esa información no podemos firmarle un cheque en blanco a un gobierno tan irresponsable como el Gobierno Municipal de la Ciudad de Santo Tomé”, sostuvo.
La deuda de $6.000 millones, en el centro de la discusión
Uno de los principales cuestionamientos del justicialismo está relacionado con la deuda que, según planteó el bloque, el Municipio habría acumulado con Aguas Santafesinas y que rondaría los $6.000 millones.
Alvizo reclamó que se aclare cómo se originó ese pasivo, cuál es su monto actualizado y de qué manera se prevé cancelarlo.
“¿Qué hicieron con el dinero de los santotomesinos que sí pagaron el servicio, pero que el intendente después no pagó la cuenta a ASSA?”, preguntó.
El concejal señaló que todavía no cuentan con información suficiente para conocer el monto exacto ni las condiciones de pago. En ese sentido, advirtió sobre la posibilidad de que la deuda termine repercutiendo nuevamente sobre los vecinos.
“Se la van a cobrar dos veces al santotomesino, y eso es lo que no queremos”, afirmó.
Como alternativa, el bloque propuso que no se avance con un convenio definitivo hasta que se resuelva la situación judicial de la deuda y se realice una auditoría que permita determinar qué ocurrió con los fondos.
Qué cuestiona el justicialismo del proyecto aprobado
Alvizo criticó la extensión y el contenido del dictamen que obtuvo mayoría en el Concejo. “El dictamen que se aprobó hoy son tres artículos de tres renglones cada uno”, expresó.
Y agregó: “No hay convenio, no hay proyecto, no hay información, no se sabe qué hiciste con la plata”.
Según explicó, el texto habilita avanzar con el proceso, pero todavía no se conocen los detalles del acuerdo que deberán instrumentar el Ejecutivo municipal y ASSA.
El edil indicó que esperan que el convenio llegue al Concejo para ser analizado y que el cuerpo legislativo pueda conocer las condiciones de la transferencia antes de que se concrete.
Reclaman un plan de obras y precisiones sobre las tarifas
El segundo eje de la propuesta justicialista apunta a que ASSA presente una planificación detallada de las obras necesarias para mejorar el servicio de agua y cloacas en Santo Tomé.
El planteo incluye información sobre las inversiones previstas, los plazos de ejecución, las intervenciones necesarias en la infraestructura existente y el funcionamiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales.
“Son cuestiones básicas que a cualquier empresa que quiera hacerse cargo de un servicio público se le exige”, sostuvo Alvizo.
El concejal mencionó estimaciones de inversión de entre $6.000 y $9.000 millones y reclamó que se explique cómo se distribuirán esos recursos y cuáles serán las obras prioritarias.
También advirtió que la incorporación de ASSA no garantiza por sí misma una solución a los problemas actuales de abastecimiento.
“Hay un servicio que hoy está malo, pero no sabemos si ASSA es quien va a brindar la verdadera solución. Lo que necesitamos es que haya certeza y previsibilidad”, manifestó.
Como ejemplo, recordó el corte de agua que afectó a la ciudad durante tres días por la rotura de un caño del acueducto que abastece a Santo Tomé, operado por la propia empresa provincial.
“Si la solución mágica va a ser darle el servicio a ASSA, que nos digan cómo lo van a hacer, cuáles van a ser las inversiones, cuál va a ser la tarifa que le van a cobrar al santotomesino”, reclamó.
Qué pasará con los trabajadores municipales
Otro de los interrogantes que plantea el traspaso es la situación laboral de los empleados municipales que actualmente se desempeñan en los servicios de agua y cloacas.
Alvizo señaló que, durante una reunión informal, un directivo de ASSA les manifestó que los trabajadores continuarían siendo empleados municipales. Sin embargo, remarcó que todavía no existe una definición formal por escrito que permita garantizar esas condiciones.
“El gremio dice: hasta que no esté algo firmado yo no me quedo tranquilo. Y tiene razón”, afirmó.
El concejal sostuvo que su bloque busca que los compromisos relacionados con el personal queden incorporados en los acuerdos correspondientes y no dependan solamente de conversaciones informales.
“Nosotros queremos las cosas por escrito”, insistió.
El Concejo también busca intervenir en futuros convenios
La tercera propuesta del justicialismo plantea que cualquier convenio entre el Municipio y ASSA, o con otra empresa prestadora de servicios públicos, deba contar previamente con la aprobación del Concejo Municipal.
Según Alvizo, el objetivo es garantizar que los concejales conozcan las condiciones de los acuerdos y que los vecinos puedan acceder a información sobre las obligaciones asumidas por el gobierno local.
El edil advirtió que el criterio podría tener relevancia en futuras decisiones vinculadas con otros servicios, como la recolección de residuos.
La aprobación de la iniciativa representa un avance institucional para que ASSA pueda asumir la prestación de los servicios de agua y cloacas en Santo Tomé. Sin embargo, según los cuestionamientos del justicialismo, todavía resta conocer el contenido del convenio, las inversiones previstas, el esquema tarifario, la situación de la deuda y las garantías para los trabajadores.
