La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) de Santa Fe presentó ante la Defensoría del Pueblo un reclamo para promover medidas frente al creciente endeudamiento de las familias, el cierre de comercios y las dificultades que atraviesan las pequeñas y medianas empresas. La iniciativa cuenta con el respaldo de más de mil firmas y propone abrir instancias de negociación con bancos y mutuales para revisar las condiciones de las deudas y establecer alternativas de pago.
El planteo incluye la revisión de los intereses aplicados a los créditos, el análisis de los códigos de descuento automáticos sobre los salarios y la implementación de mecanismos colectivos de refinanciación. Desde la organización sostienen que la pérdida del poder adquisitivo y el aumento de los costos comprometen tanto la economía de los hogares como la continuidad de numerosos emprendimientos.
El presidente de APYME Santa Fe, Mario Galizzi, advirtió sobre la situación de la capital provincial y destacó la concentración de los procesos de quiebra registrados en el territorio santafesino.
“De las 17 quiebras que se han planteado en la provincia, 13 son en la ciudad de Santa Fe, ciudad que no quiero dejar de recalcar es la cuarta ciudad más pobre de la República Argentina, lo cual la pone en una situación de extrema fragilidad”, afirmó.
APYME alerta por el endeudamiento de las familias
Galizzi relacionó el aumento de las deudas con las dificultades que enfrentan los hogares para cubrir sus gastos cotidianos. Además, cuestionó las condiciones de financiamiento y los incrementos de distintos costos que, según sostuvo, afectan directamente los ingresos de los trabajadores.
“Esta ley liberó las tasas de interés, liberó el aumento de los seguros, liberó el aumento de la obra social; liberó todo. Es peor que la Ley de Entidades Financieras y ha sido la madre de que cada 10 familias, siete estén endeudadas”, manifestó.
El dirigente también alertó sobre el cierre de negocios y la pérdida de capacidad de consumo. “Estamos con récord de quiebras y con récord de negocios cerrados. Se ha perdido en el país casi el 9% del entramado productivo. Es imposible que la gente pueda consumir porque los salarios están embargados, comprometidos, y los servicios aumentaron”, sostuvo.
Como parte de su diagnóstico, mencionó las subas en las tarifas de los servicios públicos, los combustibles y el transporte urbano de pasajeros en Santa Fe. También expuso cifras de desocupación correspondientes a distintas zonas de la provincia: 11,5% en el cordón industrial de Rosario, 10,5% en Villa Constitución y 9% en el Gran Santa Fe.
Qué medidas reclaman ante la Defensoría del Pueblo
El abogado Néstor Pujato explicó que la presentación se realizó con el acompañamiento de más de mil firmas de ciudadanos que acercaron sus inquietudes y dificultades vinculadas con el endeudamiento.
“Con 1.000 firmas de ciudadanos que nos trasladaron su inquietud y su problemática, se hizo una presentación ante la Defensoría del Pueblo. Le pedimos que accione directamente con bancos privados y oficiales, ya que conserva una iniciativa legislativa que puede plantear reformas en ambas cámaras”, señaló.
Entre las principales propuestas se encuentra la convocatoria a mesas de diálogo con bancos y mutuales para revisar las condiciones de las deudas y acordar mecanismos de pago que contemplen la capacidad económica de las personas afectadas.
La entidad también pide analizar los descuentos automáticos sobre los salarios e impulsar alternativas de refinanciación que eviten que las obligaciones financieras absorban una parte cada vez mayor de los ingresos familiares.
“La Defensoría del Pueblo tiene que estar al frente de este tema y sentarse a discutir con los bancos los intereses usurarios que nos están cobrando con las mutuales, eliminar los códigos de descuentos e iniciar un refinanciamiento en serio de la deuda”, plantearon desde APYME.
Protección de la vivienda y los ingresos
Durante la presentación, Pujato se refirió a las herramientas legales que pueden utilizar las personas endeudadas para proteger sus bienes y resguardar sus ingresos. En ese sentido, recomendó consultar sobre la posibilidad de inscribir la vivienda bajo el régimen de protección de la vivienda, conocido anteriormente como bien de familia, y buscar asesoramiento antes de recurrir a prestamistas informales.
“Establecer un proceso de quiebra no es fácil, pero en muchos casos es preferible antes que el ciudadano recurra a préstamos de gente inescrupulosa. Aconsejamos que la gente constituya el bien de familia y proteja su casa única”, explicó.
El abogado también cuestionó las autorizaciones de descuentos voluntarios sobre los salarios y advirtió que, en algunos casos, los trabajadores podrían firmarlas sin conocer plenamente sus consecuencias.
“Con el descuento voluntario muchas veces se engaña a la gente: se le hace firmar la autorización y nunca se le avisa. La gente lo puede revocar cuando quiera; el empleador tiene el deber de proteger el sueldo del trabajador según la Ley de Contrato de Trabajo”, argumentó.
Las recomendaciones apuntan a que las personas afectadas conozcan sus derechos y reciban asesoramiento antes de asumir nuevas obligaciones financieras o aceptar condiciones de pago que comprometan una parte importante de sus ingresos.
Un reclamo para frenar nuevas quiebras y cierres
Con la presentación ante la Defensoría del Pueblo, APYME busca transformar las dificultades individuales de las personas endeudadas en una instancia de discusión colectiva con entidades financieras, mutuales y organismos públicos.
La organización sostiene que una negociación coordinada permitiría revisar los intereses, establecer mecanismos de refinanciación y reducir el impacto de los descuentos sobre los salarios.
El reclamo se enmarca en un escenario que, según los representantes de la entidad, combina pérdida de poder adquisitivo, menor capacidad de consumo, aumento de los costos y dificultades para sostener la actividad comercial.
Ahora, el pedido apunta a que la Defensoría del Pueblo evalúe las propuestas y promueva instancias de diálogo para encontrar respuestas destinadas a las familias y las pequeñas y medianas empresas afectadas.
