La Policía de Investigaciones (PDI) realizó tres allanamientos en la ciudad de Ceres, departamento San Cristóbal, en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia que advertía sobre un posible atentado contra el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
Los procedimientos se concretaron durante la mañana del sábado en viviendas ubicadas en calle Matheu al 900, en la esquina de Echagüe y Mariano Vera, y en Remedios de Escalada de San Martín al 800. En uno de los domicilios fue detenido un hombre de 66 años, señalado como principal investigado en esta etapa de la causa.
Durante el operativo, los efectivos secuestraron un revólver calibre .32 largo, con cinco municiones en el tambor y en condiciones de disparo. Por disposición del fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Emiliano Odriozola, el hombre continuó privado de su libertad y quedó imputado provisoriamente por tenencia ilegítima de arma de fuego y municiones de uso civil.
La investigación busca establecer si existió una contratación para asesinar a Pullaro durante su visita a Ceres, el martes 27 de octubre, cuando el mandatario participó de la inauguración de obras en la ciudad.
La denuncia que dio origen a la investigación
El caso comenzó el miércoles 28 de octubre, cuando una persona se comunicó en tres oportunidades con la central de emergencias 911 de Ceres. Inicialmente, denunció presuntos puntos de venta de drogas, pero durante las comunicaciones también alertó sobre un posible atentado contra el gobernador.
De acuerdo con el relato del denunciante, cuatro hombres de la ciudad habrían contratado a un sicario en la localidad de Selva, Santiago del Estero, mientras que otra persona sería la encargada de trasladarlo. También mencionó una vivienda que presuntamente habría sido elegida como lugar desde donde se efectuaría el ataque.
La operadora registró las comunicaciones y transmitió la información a sus superiores, quienes dieron intervención al fiscal Odriozola. A partir de allí se ordenaron medidas urgentes para identificar a las personas mencionadas, reconstruir sus movimientos mediante cámaras de seguridad y determinar si existían otros elementos que permitieran corroborar la denuncia.
Coudannes aclaró que no está confirmada la existencia de un plan contra Pullaro
La situación fue abordada este lunes durante una conferencia de prensa encabezada por la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, y el director de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli.
Coudannes explicó que la información inicial llegó a través de una comunicación al 911, en la que se denunciaba un presunto lugar de comercialización de estupefacientes y también se mencionaban posibles amenazas contra el gobernador.
A partir de esos datos, la Fiscalía puso en marcha una investigación que derivó en distintos procedimientos. La funcionaria indicó que, en uno de los allanamientos, se produjo una detención en una causa vinculada con la comercialización de drogas y se secuestraron estupefacientes, teléfonos celulares y otros elementos de interés.
Sin embargo, al referirse específicamente a la presunta contratación de un sicario, Coudannes fue cauta y marcó una diferencia entre la denuncia recibida y los hechos que pudieron ser acreditados hasta el momento.
“Nosotros no podemos ratificar ese plan organizado o esa amenaza”, sostuvo la vocera en el móvil de EME, quien confirmó que la investigación continúa abierta.
De esta manera, la Justicia deberá determinar la veracidad de la información aportada en las llamadas al 911, establecer si existió una planificación para atacar al mandatario y precisar la eventual participación de las personas mencionadas en la denuncia. Por el momento, la detención informada quedó vinculada formalmente a una causa por tenencia ilegítima de arma de fuego y municiones de uso civil.
