Una serie de mensajes enviados en las horas previas al allanamiento de Sur Finanzas, la financiera vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quedó bajo la lupa de la Justicia federal. El juez Tomás Rodríguez Ponte investiga si las comunicaciones entre empleadas, asesoras y personal de sistemas formaron parte de un intento coordinado de ocultar información y entorpecer el procedimiento. Esa hipótesis forma parte de la resolución que derivó en el procesamiento del financista Ariel Vallejo.
Los mensajes de la madrugada del allanamiento
Según la reconstrucción del juzgado, en la madrugada del 1 de diciembre la secretaria de Vallejo, Daniela Sánchez, pidió que se retirara temprano el efectivo acumulado. Poco después, Susana Hoffman, asesora en normativa del Banco Central, solicitó al área de sistemas que accediera a las computadoras de los cajeros para desconectar programas. A las 2.57, Sánchez envió otro mensaje en el que pidió que se borraran los registros de las cámaras.
En su descargo, Hoffman sostuvo que el pedido se refería a aplicaciones de uso personal, como WhatsApp e Instagram. El juzgado puso el foco en el horario del requerimiento y su cercanía con el allanamiento. El expediente también menciona presuntos retiros de dinero en las sucursales de Adrogué Chico y Banfield, el posterior traslado de tres camionetas de la firma y un pedido para borrar el contenido de otra computadora.
Las empleadas y los colaboradores investigados rechazaron las acusaciones. Las secretarias y una cajera dijeron que no intervenían en las decisiones financieras u operativas. El encargado de trasladar los vehículos sostuvo que desconocía que esa tarea pudiera entorpecer la investigación. Desde el entorno de Vallejo negaron que el financista hubiera dado instrucciones para destruir evidencia.
Qué se investiga detrás de los chats
La causa se inició a partir de una denuncia de ARCA por presunto lavado de activos. Una de las líneas de investigación apunta a la casa de cambio Centro de Inversiones Concordia. Según el expediente, en 2022 registró ingresos por unos $4.040 millones, frente a ventas declaradas por aproximadamente $2.441 millones. La hipótesis judicial es que la firma vendió divisas en el mercado informal y que parte de los fondos se canalizó a través de personas cuya capacidad económica no estaba acreditada. Vallejo negó que existiera esa red y defendió la legalidad de sus operaciones.
Mientras Vallejo permanece bajo prisión domiciliaria, el juez aguarda un informe técnico de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCo). El análisis busca reconstruir los movimientos de fondos y precisar el alcance de los préstamos y patrocinios que vincularon a Sur Finanzas con distintos clubes de fútbol.
