Los investigados son dos abogados, un corredor inmobiliario, un martillero público, un jubilado, una ama de casa y un comerciante, a quienes se les atribuyó haber integrado asociaciones ilícitas que entre mediados de 2014 y el mes pasado falsificaron documentos públicos y privados para darle apariencia legal a la venta de terrenos que no estaban autorizados a ofertar, publicitar ni transferir.
Siete personas están detenidas, investigadas por integrar una asociación ilícita que falsificó documentación de propiedades que vendieron de manera fraudulenta. Se trata de lotes ubicados en las ciudades de Santa Fe –tanto en la zona urbana como en Colastiné Norte–, Santo Tomé, y Sauce Viejo, y en la comuna de Arroyo Leyes.
Los imputados son un abogado de 47 años, su hermano, de 44 que es corredor inmobiliario; otro abogado de 49 años; un martillero público de 45 años, un hombre de 68 años jubilado; una mujer de 49 que es ama de casa, y un comerciante de 36 años.
Todos, están detenidos desde el viernes 23 de agosto y permanecerán privados de su libertad al menos por 15 días más. Las fiscales Ilera y Urquiza solicitaron una prórroga de 15 días más que autoriza el Código Procesal Penal para el tratamiento de las medidas cautelares, en función de la complejidad de la investigación y de la necesidad de seguir implementando medidas y diligencias que aún restan llevarse a cabo.
La Dra. Bárbara Ilera refirió que «los imputados integraron una sola asociación ilícita que se mantuvo en el tiempo en forma constante e ininterrumpida, con diferentes conformaciones en sus miembros, desde mediados de 2014 hasta noviembre de 2021, cuando se subdividió». Hasta este año, el modus operandi se mantuvo idéntico en ambos grupos, uno organizado por uno de los abogados de iniciales AES, quien tuvo ese rol desde un principio; y el otro coordinado por los hombres de iniciales ADDM y AMS, entre otras personas».
Vale mencionar que durante la última década las asociaciones ilícitas que son investigadas se apoderaron ilegítimamente de cifras millonarias.
Sobre el Modus operandi, la representante del MPA indicó que «los imputados tenían un acuerdo para cometer delitos con el fin de simular que contaban con facultades para administrar y comercializar inmuebles de otras personas», y remarcó que «los legítimos propietarios en realidad no habían autorizado esas operaciones».
Se pudo saber que la banda delictiva falsificaba boletos de compraventa y cesiones de derechos, e insertaba declaraciones falsas en instrumentos privados y públicos, como otorgamiento de poderes. Con el agravante además de utilizar formularios y sellos apócrifos de organismos oficiales.
La documentación falsificada luego era presentada por los profesionales del derecho para iniciar juicios ordinarios o de escrituración ante los Juzgados Civiles y Comerciales de la ciudad de Santa Fe.
De esa manera, lograron defraudar a diferentes magistrados que confiaron en la veracidad de los documentos y ordenaron sentencias que revistieron de legalidad las maniobras delictivas.
A través de dos perfiles con nombres de fantasía en las redes sociales, los imputados ofrecieron a la venta una innumerable cantidad de lotes ajenos.
Las víctimas eran convocadas a los domicilios de la capital provincial en los que funcionaba la sede comercial: Seguí al 1.700; 4 de Enero al 1.000; boulevard Pellegrini al 2.800; Juan de Garay al 2.900; 9 de Julio al 1.200; Hipólito Irigoyen al 2.900, y una torre ubicada en la zona del Dique 2 del puerto, según relató la fiscal.
«Cuando las personas interesadas en adquirir un terreno acudían a alguna de las oficinas indicadas, se les exhibían planos y documentos y se les ofrecían planes de pago y financiaciones competitivas en el mercado para convencerlas sobre la conveniencia y licitud del negocio», destacó Ilera.
A las siete personas imputadas se les atribuyó el delito de asociación ilícita, uno de ellos como organizador; otros dos en carácter de organizadores y miembros, y a los demás investigados, sólo en calidad de miembros.
A su vez, los siete son investigados por estafa. El comerciante, como partícipe principal; y el resto, como coautores, autores y partícipes principales de diferentes hechos. Por otro lado, a los dos abogados, al corredor inmobiliario, al martillero público y a la mujer imputada se les atribuyó la coautoría de estafa procesal.
A tres de ellos se los investiga además como autores y coautores de ejercicio ilegal del corretaje inmobiliario.
Y los dos abogados fueron imputados como coautores de falsificación de documento público. También, como coautores de falsificación de documento privado y falsificación de sellos oficiales y timbrados, lo cual también se les atribuyó al corredor inmobiliario, el martillero público y la mujer investigado.
Por su parte, a los hombres de iniciales ADDM y DMP se los investiga como partícipes principales de falsedad ideológica.
Por último, en función de dos pistolas semiautomáticas que fueron halladas en el marco de allanamientos, al abogado de 47 años, al hombre jubilado y al comerciante se los imputó por la coautoría de tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra.
