El Gobierno nacional decidió que realizará el pago de ayuda salarial para los trabajadores de las empresas afectadas por la pandemia el jueves 7 de mayo. Sin embargo, existe preocupación debido a las declaraciones del Gobierno sobre la actitud de las empresas, quienes cargaron muy poca información de sus trabajadores hasta el momento.

Hasta el lunes, las empresas autorizadas para disponer de esta ayuda ascienden a 158.731, que emplean a 1.627.940 trabajadores de los sectores afectados por la crisis. El Gobierno se hará cargo del 50% del salario neto de esas personas, con un piso de un salario mínimo ($16.875) y un techo de dos ($33.750)

Directivos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), mantuvieron un encuentro para terminar de definir la operatoria de pago, pero será el organismo previsional quien deposite la ayuda en la cuenta sueldo de cada empleado. Pero desde el organismo recaudador advirtieron que la mayoría de los empresarios aún no cargó la información necesaria para que el Estado pueda depositar los fondos. Sólo informaron la clave bancaria (CBU) de 1 de cada 3 trabajadores beneficiados.

Las empresas beneficiadas en el marco del Programa de Emergencia de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) fueron informadas hace 5 días. A pesar de que se notificó formalmente a cada una de ellas, todavía faltan cargar los datos de más de 1 millón de trabajadores. Sin la información que deben cargar las empresas, los trabajadores no podrán acceder al beneficio, avisó la AFIP.

El mismo día en que el Gobierno informó que 158.731 empresas de hasta 800 trabajadores habían sido autorizadas para acceder a los beneficios del ATP, el organismo que dirige Mercedes Marcó del Pont comenzó a avisarle a esas firmas mediante una notificación. Las empresas aprobadas en esta primera tanda representan aproximadamente el 26% de las compañías formales del país, las cuales emplean aproximadamente al 27% de los empleados registrados del sector privado del país, informaron fuentes oficiales.

En este sentido, se había definido que esta semana se analizaría una segunda tanda de empresas inscriptas en el ATP, que son las que poseen más de 800 trabajadores y las que pertenecen a los sectores que se incorporaron al análisis durante los últimos días. Es probable que en los próximos días la AFIP informe la autorización de más empresas, que también podrán gozar de los beneficios para los sueldos de abril.

Finalmente, se definió que 24.116 empresas que emplean a 255.082 trabajadores pertenecientes a algunas ramas de los sectores turístico, cultural y de salud, recibirán una reducción del 95% de las contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), y tendrán aprobada, en esta primera tanda, una postergación de 60 días, ya que se tratan de áreas que han tenido mayor impacto en sus ingresos y seguirán en esa situación.

Una terrible situación se vivió en el Hospital Distrital de Puerto San Julián, donde hace algo más de un mes nacieron tres bebés que “por error” fueron inmunizados contra la hepatitis A, vacuna que debe aplicarse recién al año cumplido. La grave negligencia salió a la luz luego de que una de las madres, en un control rutinario, mostrara su libreta en el vacunatorio a las enfermeras del lugar.

Las dos primeras vacunas que debe recibir un bebé recién nacido, en las primeras 12 horas, son la BCG y la dosis contra la hepatitis B. En la libreta que tienen las madres afectadas, en el espacio donde corresponde completar el esquema de vacunación contra la hepatitis B, el troquel de color amarillo indica que la aplicada fue contra la hepatitis A.

Las encargadas del área no se encontraban trabajando el 17 de marzo, por lo que el vacunatorio aquel día quedó a cargo de la jefa de las enfermeras, Sonia Miranda, y la jefa de internación, Sonia Saucedo.

Dichas encargadas dieron la orden de vacunar a los recién nacidos a la auxiliar Nadia Hernández, quien se encontraba a cargo de recepcionar a los bebés.

“La auxiliar no tiene conocimientos ni técnicas, pero recibió las vacunas enviadas por sus jefas. Confiando en los conocimientos de sus superiores, aplicó algo que no correspondía”, señalaron.

Sostienen que los directivos quisieron “minimizar” la situación y que, “en un intento de desligarse y buscar culpables”, responsabilizaron a enfermeros que no estaban trabajando aquel día. “Estos son errores que no pueden tener lugar en una institución”, apuntaron.

La Asociación Obrera Textil (AOT) y la cámara empresaria del sector acordaron este lunes el pago de una suma fija de entre 17.000 y 20.000 pesos, que reemplazará al salario habitual durante los próximos tres meses de aquellos trabajadores que en el marco del aislamiento obligatorio por la pandemia no están cumpliendo sus jornadas laborales.

El sindicato que dirige Hugo Benítez confirmó que pactó esta alternativa con la cámara empresaria del sector, la Federación de Industrias Textiles (FITA), con el objetivo de «salvaguardar los puestos de trabajo».

«Esta es una industria que ya venía muy golpeada y a causa de la pandemia tenemos actualmente más del 90% de la industria paralizada. Priorizamos discutir de qué forma podemos hacer que el trabajador que está en su casa pierda lo menos posible», explicó Benítez en un comunicado.

Al respecto, el dirigente cegetista señaló que los trabajadores textiles que están en actividad «gozarán de su convenio colectivo de trabajo y deberán cobrar el cien por ciento del salario».

«Acá cuando hablamos de rebajas de sueldos, hay que decir que una cosa es discutir salarios en épocas normales en una industria en plena actividad y otra cosa es discutir de qué forma podemos hacer que el trabajador pierda lo menos posible estando en su casa», planteó.

Y agregó: «Tenemos que ser conscientes de la realidad; ni los trabajadores ni los empresarios tienen la culpa de lo que está pasando y aquí tenemos que repartir las pérdidas».

El acuerdo alcanzado con la FITA contempla una suma fija de entre 17.000 y 20.000 pesos, según la categoría del empleado, mientras que dentro de 90 días las partes volverán a negociar cómo se instrumentará el pago de haberes para quienes no están yendo a trabajar por la pandemia.

«En el caso de los compañeros que por suerte hoy tienen la posibilidad de asistir a las fábricas para hacer camisolines, barbijos y otros elementos de seguridad sanitaria, vamos a hacer respetar el convenio colectivo, ellos tienen que cobrar el 100%», finalizó Benítez.

De esta forma, Textiles se sumó a otros sindicatos que vienen negociando algún tipo de rebaja salarial para evitar los despidos de los trabajadores que están impedidos de presentarse en sus puestos, como el caso también de Gastronómicos, Comercio, Petroleros y SMATA.

En medio del creciente apetito por la divisa estadounidense, el dólar blue aumentó este lunes $1 y cerró a $118, según un relevamiento de Ámbito.

El billete paralelo sufrió el viernes su primera caída diaria (-$3) en casi un mes, aunque acumuló un salto del 11,4% en la semana. De esta manera, el blue terminó con una suba de $12 en la semana.

Desde el inicio de la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno, el dólar informal acumuló un salto de $32,50 (el 20 de marzo había cerrado a $85,50).

Con la atención del mercado puesta en las brechas cambiarias, los dólares que operan en la Bolsa aceleran su marcha alcista este lunes, con subas de hasta casi $4 y precios que superan los $114, pese a las medidas oficiales de la semana pasada que apuntaban a frenarlos.

Ocurre en medio de una creciente dolarización de carteras por parte de los inversores, que se encuentran atentos al desenlace de las negociaciones por la reestructuración de la deuda pública externa.

El dólar contado con liqui (CCL) -que surge de la compraventa de títulos con el fin de fugar capitales del país- sube $2,23 (+2%) a $114,25, por lo que la brecha con la cotización mayorista llega al 71,7%.

A su vez, el dólar MEP o Bolsa -misma operatoria que el CCL pero dentro Argentina- salta $3,73 (+3,4%) a $112,07, lo cual deja un spread del 68,5% frente a la divisa que opera en el MULC.

En busca de ponerle un freno a ambas cotizaciones, la semana pasada el Banco Central decidió un aumento en la tasa de pases, de 11,4% a 15,2%, para regular la cantidad de pesos en circulación, y dispuso que los «fondos t+0» no tendrán la obligación de contar con encajes.

En la misma línea, la Comisión Nacional de Valores (CNV) estableció nuevos límites a la tenencia de depósitos en moneda extranjera por parte de los Fondos Comunes de Inversión (FCI).

La CNV advirtió que parte de la estrategia de inversión de algunos de estos fondos está orientada a la adquisición de divisas, «con el ánimo de especular con la depreciación de la moneda local».