En una nueva derrota parlamentaria para el oficialismo, el Senado de la Nación rechazó este jueves los vetos del presidente Javier Milei a dos leyes clave: la de Emergencia en Pediatría y la de Financiamiento Universitario, replicando lo que ya había ocurrido en la Cámara de Diputados.
La norma que declara la emergencia pediátrica, con especial impacto en el Hospital Garrahan y otros centros de salud, fue aprobada con 59 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones. En tanto, la ley que establece la actualización de partidas para las universidades nacionales obtuvo 58 votos afirmativos, 7 negativos y 4 abstenciones.
En diálogo con EME, el senador santafesino Marcelo Lewandowski destacó la relevancia de ambas iniciativas y cuestionó duramente al Gobierno nacional: “Son leyes muy sensibles a la defensa pública, como la universidad y la situación de la pediatría en general. Estamos en situación de un Poder Ejecutivo que desconoce todas las actuaciones del Estado”.
El legislador añadió que ahora el Poder Ejecutivo “debería estar aplicando estas leyes”, pero advirtió que “no lo van a hacer de todas maneras. Buscan romper todo y seguir apretando una decisión que va en contra de la democracia”.
Con el rechazo de los vetos en ambas cámaras, los proyectos quedan firmes y el Gobierno está obligado a promulgar las leyes y garantizar los fondos para hospitales pediátricos y universidades nacionales.
Precisó que esta oficina es la primera “fuera de los dos núcleos urbanos en los que se suele desenvolver la actividad administrativa del Estado. Esta es la casa del Ministerio en Rafaela, y en toda la región; y es un paso más para continuar estando al lado de cada uno de los ciudadanos de la provincia”, concluyó el ministro de Justicia y Seguridad.
Por último, el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, destacó que “es un espacio único que reúne grandes derechos, que muchas veces a la ciudadanía le cuesta localizar y realizar la gestión; y aquí va a tener esas herramientas”.
Sus acciones buscan fortalecer y facilitar el ejercicio de derechos ciudadanos y ciudadanas, especialmente los derechos que las víctimas de delitos pueden ejercer por sí mismas, y promover miradas novedosas en el paradigma de los Derechos Humanos dentro del sistema de justicia penal.
