Mirá qué precios tiene y qué papeles necesitas presentar.

Desde hace un tiempo en la Anses se puede realizar el trámite de un documento de identidad nuevo, ante la pérdida robo o deterioro del mismo. También, de manera personal, se puede realizar el cambio de domicilio. El costo del trámite es de $300 y tiene una vigencia de 15 años.

Además, se puede realizar el trámite para el DNI de un recién nacido, de manera gratuita. para hacerlo, se debe presentar la partida de nacimiento original o certificado con oblea de documento, DNI y presencia de uno o ambos padres y si lo hace un tutor, la tutela original.

Para el trámite es necesario sacar turno, y presentarse en la oficina del ente elegida para presentar la información requerida. Una vez realizado el trámite, se debe guardar el comprobante hasta que se lo lleven a su casa.

A su vez, la obtención o renovación del pasaporte, tiene un costo de $1500 pesos. En ese caso, se debe presentar el DNI y, si lo tiene, el pasaporte anterior. En cuanto a los menores de 18 años, presentar:

-Si uno de los padres falleció, el otro padre/madre deberá presentar partida de defunción original.
-En el caso de que uno de los padres tenga el ejercicio exclusivo de la patria potestad, deberá presentar la sentencia judicial original homologada.
-Si el menor está a cargo de un tutor, deberá presentar el testimonio de designación que contenga autorización para tramitar pasaporte.

En la misma línea, en el organismo también se tramita:

-La Tarifa Social Federal, que permite hasta un 55% de descuento sobre el valor del boleto de tren y colectivo acumulable con los descuentos de Red SUBE. Antes se tramitaba en el Ministerio de Transporte, pero ahora se puede gestionar en la Anses.
-Tarifa Social de los Servicios Públicos como luz, agua y gas que se gestionaba en el Ministerio de Energía.
-Los planes sociales se conseguían a través del Ministerio de Desarrollo Social.

Se estima un atraso del 15% en el costo de los combustibles.

La suba del precio internacional del petróleo en medio de las tensiones entre Washington y Teherán, luego del ataque estadounidense en Bagdad, renovó las presiones de las petroleras por destrabar la suba del precio local de los combustibles que iba a aplicarse el 30 de diciembre, que el presidente Alberto Fernández frenó a último momento. Para las productoras y refinadoras, la brecha entre la paridad de exportación del crudo y el valor de comercialización en el mercado interno ya asciende al 15%. Las inversiones, mientras tanto, están en el centro de la escena.

Después del salto del 4% del viernes, ayer la cotización del petróleo Brent del Mar del Norte, que es la referencia en Argentina, llegó a superar los US$70 por barril por primera vez en cuatro meses aunque en la segunda parte de la rueda recortó la suba hasta los US$68,90. Esto implica un alza del 13% desde principios de diciembre. Según las consultoras especializadas, el aumento se aceleraría y el precio podría sobrepasar rápidamente los US$80 si las amenazas cruzadas entre Estados Unidos e Irán escalan a un enfrentamiento bélico abierto en el epicentro mundial de la producción y tráfico de oro negro.

Esto recalentó el debate por los precios de las naftas y el gasoil que, si bien aumentaron 17% entre noviembre y diciembre luego del congelamiento por 90 días decretado por Mauricio Macri en plena campaña electoral, arrastran un «retraso» de alrededor de 15% según las empresas. Además, a pesar de la baja del 12% al 8% en las retenciones a los hidrocarburos que les otorgó el actual Gobierno, las firmas advierten que el desfase entre el valor de comercialización interno y el de paridad de exportación del crudo pone en cuestión las inversiones en Vaca Muerta, una de las grandes esperanzas del equipo económico para ingresar divisas al país en el mediano plazo.

Mientras tanto, la cúpula de YPF sigue con preocupación la dinámica de la cotización mundial luego de que Fernández frenara el incremento del 5% en las naftas que el presidente de la firma de mayoría estatal, Guillermo Nielsen, ya le había comunicado a las estaciones de servicio y pateara para febrero el alza en los impuestos sectoriales. En este contexto, se esperan nuevos intentos por destrabar la suba desde la compañía que concentra casi el 60% del mercado local de combustibles y marca el sendero de precios del resto de las empresas.

En los ministerios de Economía y Desarrollo Productivo, coinciden en que los surtidores no seguirán frenados por mucho tiempo más, pese a que el ala política del Gobierno evitó el aumento la semana pasada en medio de los anuncios del congelamiento de las tarifas de gas, luz y transporte. En Energía plantearon que no se tomarán decisiones en base a eventos coyunturales como el ataque del viernes, aunque adelantaron que si el Brent sigue en alza, se reflejará en los precios locales.

En paralelo, para fomentar las inversiones el Ejecutivo trabaja en un proyecto de ley para «blindar» la actividad hidrocarburífera, que se presentaría en el Congreso en las sesiones ordinarias y analiza la posibilidad de ir hacia un esquema de retenciones móviles para el sector que se ajuste según la cotización global del crudo.

La medida que debía implementarse a partir de enero, volvió a postergarse por decisión del gobierno bonaerense.

El “Impuesto Netflix”, impulsado por el gobierno de la exmandataria provincial María Eugencia Vidal, se establecía a partir del cobro de un Impuesto a los Ingresos Brutos sobre los servicios digitales prestados desde el exterior.

La medida estaba fijada para comenzar a regir desde el 1 de diciembre, pero finalmente se postergó su implementación para 2020.

No obstante, ahora, la administración bonaerense volvió a retrasar su puesta en marcha a partir de una resolución de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA).

Mediante la resolución 1 publicada en el Boletín Oficial del distrito, se prorrogó hasta el 1 de abril de 2020 “la entrada en vigencia de las disposiciones establecidas en la Resolución Normativa N° 38/19”.

Esa medida determinaba que “las entidades que sean contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que faciliten o administren pagos al exterior de los servicios previstos en el art. 184 bis del Código Fiscal, a favor de sujetos prestadores no residentes en el país, y el BAPRO actuarán como agentes de liquidación e ingreso de Ingresos Brutos que corresponda a los usuarios de tales servicios en su carácter de responsables sustitutos”.

La medida lleva la firma del nuevo director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard.

Entre los fundamentos se explica que la decisión se adoptó por “razones de administración tributaria vinculadas con cuestiones operativas” y las necesarias adaptaciones que deben desarrollar e implementar los agentes de liquidación”.

Además, se aclara que “por motivos operativos mediante nota fechada el 13/12/19 la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra solicitó a esta Agencia de Recaudación extender el diferimiento de la entrada en vigencia de la Resolución Normativa N° 38/19”.

En la reglamentación del impuesto “solidario” PAIS, la AFIP redujo del 30 al 8% la alícuota a aquellos servicios digitales que estén alcanzados por IVA.