Los jefes provinciales rechazan la propuesta de eliminar los impuestos que impulsa la Casa Rosada; insisten en modificar los aumentos y dejarán que avance la propuesta opositora en el Congreso.

Molestos y sin canales de diálogo, los gobernadores de la oposición ven con preocupación un nuevo frente de conflicto con el gobierno de Mauricio Macri . La puja es esta vez por el aumento de tarifas: por el intento de la Casa Rosada de trasladar el costo político de las subas a las provincias y por su negativa a evaluar alternativas al esquema original de incrementos. Las consecuencias pueden reflejarse en el Congreso, donde la oposición insistirá el miércoles en su proyecto.

La mayoría de los jefes provinciales compara el escenario que quedó configurado la semana pasada con el que precedió el debate de la reforma previsional en el Congreso a fines del año pasado. Pero advierten que, a diferencia de lo que terminó ocurriendo entonces, cuando los cambios en las jubilaciones derivaron en una crisis política que los golpeó también a ellos, esta vez no van a ceder. Menos, aseguran, mientras el Gobierno no muestre voluntad de considerar alternativas frente al esquema de aumentos.

En el Congreso
Por eso, los gobernadores del PJ van a apoyar el avance de la discusión en el Congreso, donde el kirchnerismo y el Peronismo Federal, que responde a los jefes provinciales, impulsan proyectos que proponen retrotraer las tarifas a noviembre de 2017 y que no excedan el índice de variación salarial, además de llevar el IVA a 10,5% para los usuarios.

«Hay mucha calentura. Y esta vez no se la van a dejar pasar [a Macri]. No nos vamos a comer el garrón dos veces. El tema va a llegar al Congreso de cualquier manera», pronosticaron ante LA NACION cerca de un gobernador del norte.

Consciente de ese ánimo, el oficialismo convocó para el miércoles a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que preside el macrista Luciano Laspina. Es la única de las comisiones que todavía no emitió dictamen del proyecto que impulsa la oposición contra los aumentos de tarifas. El debate desembarcará en el recinto una semana más tarde.

«Si el Congreso avanza, no vamos a hacer nada para evitarle el veto a Macri. El costo será todo de él», se envalentonan en las provincias. Aunque evalúan ese escenario, en la Casa Rosada confían en que entre los gobernadores «terminará ganando la cordura», como dijeron a LA NACION desde el Ministerio del Interior, que comanda Rogelio Frigerio .

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El enojo de los gobernadores es profundo. Y va mucho más allá de lo que pueda pasar con la discusión en el Congreso. Les cayó muy mal el pedido público de Macri para que eliminen los impuestos provinciales de las tarifas y, peor aún, que María Eugenia Vidal «le hiciera la segunda» enseguida con un anuncio en ese sentido. «El circo de Vidal» lo llaman, después de recordar, molestos, que dos de los impuestos a la electricidad que la gobernadora dio de baja en realidad estuvieron suspendidos por una medida judicial hasta enero pasado. «Cobró los impuestos solo dos meses y ahora quiere quedar como una heroína. Es el colmo. Además, con lo que va a recibir por el Fondo del Conurbano… así baja impuestos cualquiera», se quejó un ministro de Hacienda del centro del país. Hablaba de los $40.0000 millones que Buenos Aires recibirá este año por la desaparición del Fondo del Conurbano.

En la mayoría de las provincias, el componente impositivo de las tarifas es menor o directamente no existe, por lo cual su eliminación no reduce sustancialmente las subas. Por eso, los gobernadores califican el pedido que les hizo Macri de «cortina de humo». «Acá el problema no son los impuestos, sino el ritmo de los aumentos, que de graduales no tienen nada», graficó otro ministro de Economía.

El encono de los gobernadores tiene otra arista: la repetición de una mecánica de toma decisiones que los excluye. «No es la primera vez que nos dejan afuera y después pretenden transferirnos parte del problema. No tenemos por qué hacernos cargo de un esquema de aumentos que el Gobierno decidió sin consultarnos absolutamente nada», graficaron cerca de un gobernador experimentado.

En esa línea, cuestionan, además del pedido de Macri para que bajen impuestos, que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, haya reunido a sus pares de las provincias recién la semana pasada y para discutir cómo repartir el costo de retrotraer la tarifa social del gas.

La furia se completa con la intransigencia que los gobernadores ven en el Gobierno para evaluar cambios en el esquema de aumentos. El propio Macri ratificó el plan tarifario y descartó cualquier modificación. La posibilidad de reducir el IVA, que se barajó en algún momento de la semana pasada, quedó en la nada. Pese a que perderían fondos, porque parte del impuesto se coparticipa, los gobernadores estarían dispuestos a discutir una rebaja. Sería una manera «justa» de repartir la carga, admiten.

Sin embargo, la Casa Rosada no tiene en mente ningún cambio en su hoja de ruta, ni a través del IVA ni de una reducción de las subas todavía pendientes.

«Podemos discutir, pero siempre que las propuestas sean razonables. ¿Con qué pretenden financiar un recorte del IVA? No vamos a aceptar nada que aumente el déficit», dijeron sin vueltas cerca del ministro Frigerio.

Las cartas de la nueva puja entre la Nación y las provincias están echadas. Pero la película recién empieza y el final es un misterio.