Imputaron a Gustavo Melella, intendente de Río Grande, por abuso sexual

El funcionario fue denunciado por haber pedido favores sexuales a trabajadores indigentes a cambio de empleo.

El fiscal mayor del Distrito Judicial Norte de Tierra del Fuego, Guillermo Quadrini, imputó formalmente este miércoles al intendente de Río Grande, Gustavo Melella, por el presunto delito de “abuso sexual coactivo”, en la causa que investiga si pidió favores sexuales a trabajadores indigentes a cambio de empleo.

Así lo confirmaron fuentes de la Justicia fueguina. Y detallaron que la imputación responde a un “requerimiento de instrucción penal” tras la denuncia del obrero Mario Lovera, una de las tres presuntas víctimas de Melella que declararon en la sede judicial.

El fiscal sintetizó que el episodio con Lovera habría tenido lugar a mediados de 2016, “en circunstancias en que el denunciante se hizo presente en el domicilio de Melella y, una vez allí, el intendente lo interrogó sobre su situación laboral y le ofreció desempeñar funciones en el Municipio de esa ciudad”.

El obrero declaró que, entonces, Melella “lo obligó a materializar actos sexuales contra su voluntad frente al temor que implicaba negarse, dada su condición de Intendente y máxima autoridad de la ciudad”.

Para Quadrini, los hechos que forman parte del expediente “resultarían constitutivos del delito de abuso sexual bajo la modalidad de abuso sexual coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder, previsto y reprimido en el artículo 119 del Código Penal”.

A su vez, el fiscal le solicitó al juez de instrucción de la ciudad, Raúl Sahade, que se les pidan informes a las compañías telefónicas de la víctima y el imputado, a fin de comprobar si existen comunicaciones que puedan estar relacionadas con la investigación.

En el caso de las otras dos víctimas, Alfredo Suasnabar -un trabajador de la construcción de 55 años- y Damián Rivas -un carpintero de 48-, el fiscal Pablo Candela -que intervino primero en las actuaciones- desestimó la formación de una causa penal por entender que no se configuraba ni siquiera la sospecha del delito de abuso sexual.