Presentan el mapa de la inseguridad rural

La Confederación de Asociaciones Rurales de la Provincia de Santa Fe (Carsfe) firmó un convenio de trabajo junto a los Ministerios de Producción, Seguridad y Justicia para abordar la inseguridad que sufren los productores ganaderos. Buscan que sea una política de Estado.

Esta mañana se presentó el mapa del delito rural en la provincia de Santa Fe. El trabajo dejó datos que ahora los diferentes organismos participantes del acuerdo deberán analizar para trabajar en conjunto. Ignacio Mántaras, de la Sociedad Rural de Santa Fe, explicó que el “mapa del delito fue realizado en un trabajo mancomunado entre la fuerza Los Pumas, Carsfe, el Ministerio de Seguridad y Ministerio de Producción para abordar la inseguridad rural. Es una parte de un plan muy potente para la investigación del delito”.

En el mapa se vuelcan capas de información para mejorar la información del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Ministerio de Justicia “que se unirán junto a productores para darle respuestas concretas a los productores”.

Para obtener los datos que se reflejan en el mapa del delito, se tuvieron en cuenta las denuncias realizadas en el MPA y el Registro Único de Producciones Primarias mediante la declaración jurada de los productores que no hacen la denuncia. “Ambas capas coincidieron que las zonas calientes están ubicadas en los departamentos de la Costa, Castellanos y Las Colonias. Las zonas ganaderas sufren mucho”, sostuvo Mántaras.

No se trata solo de abigeato y robo de animales, últimamente -dicen- se registran robos de agroquímicos, de herramientas laborales y también se dan entraderas en viviendas. “El ámbito rural tiene poca población y poca fuerza policial en territorio por lo que esto sirve para tener respuesta del Estado en la ruralidad”, sostienen desde Carsfe.

El mapa del delito es el puntapié inicial, “es una herramienta, luego está el tema del personal capacitado, creemos que la guardia de Los Pumas debe ser una fuerza aggiornada al siglo XXI, es un trabajo que debe ser una política de Estado”, reclamaron.