El proceso político contra el exministro de seguridad ingresa en su tramo resolutorio.
El actual titular de la Oficina de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, Marcelo Sain, tiene fecha para realizar su descargo en el proceso político que se le sigue en la Comisión de Acuerdos legislativos. Será el miércoles 27 de octubre cuando pueda hacer uso de su facultad de exponer ante los diputados y senadores que juzgan su posible destitución por haber infringido, supuestamente, el artículo 89 de la constitución provincial que impide a los funcionarios judiciales actuar “manera alguna en política”.
En el marco de ese juzgamiento, Marcelo Sain rubricó una nota que espera para tener ingreso formal en la reunión de esa comisión prevista para este miércoles, donde solicita que los periodistas puedan acceder a la audiencia de esa jornada. Además, la misiva se explaya en una serie de cuestionamientos al proceso que lo tiene como investigado.
Fuentes parlamentarias consultadas por este cronista, expresaron que “Sain tiene la libertad de opinar lo que quiera, pero no puede olvidar que el proceso que se le sigue es de naturaleza política, no penal”, dando cuenta que lo expuesto por el exministro de seguridad no cambiaría el ánimo de quienes deben juzgarlo.
Transcurrida esa jornada donde Saín pueda verter sus pensamientos ante los legisladores de la comisión de Acuerdos, sus integrantes estarán ya dispuestos a firmar el o los respectivos dictámenes, tras la acusación formulada por el Senador Lisandro Enrico, designado para tal tarea.
Las mismas fuentes descartan que la mayoría impulsará una opinión destituyente para con el funcionario, que debe ser sometida a una asamblea legislativa que podría realizarse en fecha a determinar, en el mes de noviembre.
En ese marco, quienes impulsan la sanción al Titular de la Oficina de Investigaciones del MPA, también enfrentado con el titular de la fiscalía Jorge Baclini, expresan que ya la Corte Suprema de Justicia santafesina validó la ley que reformó el mecanismo sancionatorio de faltas graves de fiscales y defensores, dejando tal potestad en manos del Poder Legislativo.
