La resolución fue dictada por el Tribunal Superior Electoral, que además multó a la coalición por unos US$4,2 millones. Los motivos de su decisión.
El Tribunal Superior Electoral (STE) brasileño rechazó el pedido del partido del presidente Jair Bolsonaro de anular los votos de de algunas urnas electrónicas durante los últimos comicios. Además, multó a la coalición por unos US$4,2 millones.
El presidente del TSE, Alexandre de Moraes, consideró que la denuncia presentada el martes por la agrupación política fue de “mala fe”, según una nota publicada en el sitio del tribunal.
A través de un fallo remarcaron que hay una “falta de pruebas y circunstancias que justifiquen el establecimiento de una verificación extraordinaria” de unas 280 mil urnas electrónicas utilizadas en el balotaje presidencial, del que resultó vencedor Luiz Inácio Lula da Silva.
El izquierdista fue elegido presidente el 30 de octubre por un estrecho margen de 50,9% a 49,1% en la segunda vuelta de la elección.
El partido de Bolsonaro pidió invalidar los votos de las urnas electrónicas
El reclamo del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro consistió en el pedido de invalidar los votos de las urnas electrónicas “en que fueron comprobadas disconformidades irreparables de funcionamiento“. De acuerdo a lo expuesto, dichas urnas corresponden a modelos anteriores a 2020.
Moraes consideró “absolutamente falsos” los argumentos presentados y consideró que el pedido fue “ostensiblemente ofensivo al Estado Democrático de Derecho y realizado de manera inconsecuente, con el propósito de alentar movimientos delictivos y antidemocráticos”.
También mencionó que los movimiento se dieron junto con “amenazas graves y violencia” en bloqueos de rutas en todo el territorio brasileño.
El partido de Bolsonaro reforzó la idea de un “mal funcionamiento” de cinco modelos de urnas, que “pondría en jaque la transparencia del proceso electoral”, algo supuestamente demostrado en un informe del Instituto Voto Legal, contratado por la propia agrupación política.
Ahora, con la resolución, el TSE solicitó investigar la responsabilidad de Valdemar da Costa Neto, presidente del PL, y Carlos César Moretzsohn Rocha, presidente del Instituto Voto Legal.
